Lamentaba el presidente del Gobierno canario esta semana las dificultades que muchas veces encuentra el Ejecutivo para comunicar las cosas que está haciendo con el fin de resolver los problemas concretos que afectan a los habitantes de estas islas. El ruido que acompaña a la acción política no solo impide transmitir en qué está ocupado el gabinete de Fernando Clavijo y si realmente su gestión está logrando buenos o malos resultados. Lo peor es que, en la mayoría de las ocasiones, distrae a los responsables públicos y, por ende, a la población de lo realmente importante. En el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, por ejemplo, se habló de empleo, principal problema que afecta a los canarios, pero ¿alguien se acuerda de lo expuesto por el presidente sobre esta materia o de las propuestas concretas que los diferentes portavoces pusieron sobre la mesa para reducir la tasa de paro? Seguramente no. Sin embargo, en la memoria de la mayoría está el penúltimo enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la marcha de la sanidad en el Archipiélago. Sería bueno que tanto unos como otros reflexionaran acerca de lo ocurrido en las tres jornadas que duró el citado debate y sacaran conclusiones sobre su utilidad, pues más allá de servir para atraer a las cámaras de las televisiones, acaparar programas de radio, llenar páginas de periódicos y aparecer en las redes sociales, este debate, en concreto, ha pasado sin pena ni gloria. Salvo, eso sí, para volver a hablar una vez más de una reforma del sistema electoral que trae en un sinvivir a los canarios.

En un intento de mirar más allá del día a día y tratar de poner remedio a uno de los mayores déficits que tiene ahora mismo la formación en el Archipiélago, los idiomas, hay que subrayar el anuncio realizado el martes por Fernando Clavijo sobre la puesta en marcha de un ambicioso programa para que las Islas se conviertan a medio plazo -un periodo de 15 años-, en una "comunidad multilingüe", con especial énfasis en el inglés. Una iniciativa que necesita el impulso del Gobierno, pero sobre todo la implicación de la comunidad educativa, teniendo en cuenta su carácter voluntario, y de otros sectores sociales, si realmente se quiere lograr el objetivo marcado. De igual modo, es preciso que las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria entierren el hacha de guerra si de verdad se pretende alcanzar un compromiso para la mejora de la sanidad pública, tal y como propuso el presidente del Gobierno, antes del 15 de septiembre. O se deja esta materia fuera del rifirrafe entre Gobierno y oposición o no hay nada que hacer, pues al final todo se contamina.

El conflicto generado recientemente entre los empresarios del ocio y la restauración de Santa Cruz, más en concreto los de la avenida de Anaga, y el Ayuntamiento de la capital vuelve a poner de manifiesto la falta de claridad que existe sobre la normativa que rige este tipo de negocios, por un lado, y los diferentes criterios que maneja el consistorio a la hora de aplicarla. Si a ello se suma la lentitud de la administración municipal a la hora de tramitar permisos, el resultado es normal: cierre de establecimientos y despido de trabajadores. Convendría buscar otra fórmula de actuación, rigurosa, pero coherente, para evitar este tipo de perjuicios.