Algunas personas alaban la competitividad como factor para salir del subdesarrollo y reconocen abiertamente que los empresarios visionarios que arriesgan su capital son los que asentaron los cimientos para conseguir el éxito económico y social, en este caso de Canarias.

Inmediatamente después, reniegan de las ayudas a los sectores productivos afectados por nuestra condición de lejanía e insularidad, en la que se basa la condición ultraperiférica que nos reconoce el tratado de la Unión Europea y que, al parecer, será próximamente reconocida en la actualización del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

No debemos rasgarnos las vestiduras de esa manera y debemos aceptar que todo es factible de ser renovado o sustituido por algo mejor, para sostener la economía, el empleo y el estado del bienestar.

Y para ello es fundamental que se consolide un diálogo respetuoso y vinculante de los poderes públicos, empresariales, sociales y judiciales, pues eso permite vertebrar la sociedad, amparada sobradamente por la propia Constitución española.

En ella se consagra como derecho y deber fundamental el diálogo con empresarios y sindicatos y "se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".

Estos principios rectores de la política económica y social, sometida a modelos económicos fijos y una interpretación dual, posibilita una función de la distribución territorial a favor de la Comunidades Autónomas.

Incluso existe sentencia del Tribunal Constitucional que protege la libre empresa, la productividad y la legítima exigencia de la economía general, sin restringir la libertad económica ni la concurrencia entre empresas.

Por ello, la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales no puede ser catalogada a la ligera como una trama, una casta o una conexión de intereses, sino como un derecho y deber constitucional sobre el que se estructura la economía y la sociedad.

pedro.alfonsomartin @hotmail.com