La regulación del alquiler vacacional debe garantizar la transparencia fiscal y debe dar seguridad tanto a los propietarios como a los consumidores, de manera que esté garantizada la calidad del producto y que los usuarios de este tipo de alojamiento dispongan de los mismos derechos que aquellos que se decantan por otros productos turísticos.
Así lo expresó la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España, nuestra compañera Matilde Asián, que esta semana participó en varios actos en Tenerife. Primero en un almuerzo coloquio organizado por el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) y después en una visita al Puerto de la Cruz con nuestro alcalde Lope Afonso, donde aprovechó para reunirse con las asociaciones de referencia del alquiler vacacional tanto de Baleares como de Canarias.
Cabe recordar que durante el proceso de elaboración de esta norma en la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias se comprometió con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) a legalizar esta actividad y buscar algún tipo de encaje jurídico a este tipo de oferta, bastante fijada en nuestras islas. Un pronunciamiento que también asumió nuestro Parlamento, tras una moción aprobada como consecuencia de una interpelación realizada por el Partido Popular.
A dos días de las elecciones, el ejecutivo de Paulino Rivero aprobó el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, que promulga el reglamento de estas viviendas, pero incumplió con el compromiso adquirido y dejó fuera de regulación a los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler vacacional en suelos turísticos y en suelos mixtos.
Algo que a todas luces fue un error porque, aunque esta norma asegure que su objetivo es regular el alquiler vacacional, lo cierto es que las restricciones y exclusiones son tantas que, en realidad, su efecto ha sido el de prohibirlos y exponer a más de 53.000 familias a sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros.
El sector recurrió ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que emitió un informe bastante demoledor donde reclamaba la supresión o modificación de algunos artículos por ser contrarios a la libertad del empresario a organizar su actividad como considerara oportuno.
Tras este varapalo, el Gobierno de Canarias no tuvo otra opción que ceder y anunciar una reforma de esta regulación que afecta a 28.000 inmuebles en las Islas, con un movimiento económico de 528 millones de euros, según un estudio encargado por la Consejería de Turismo.
Y es que tal y como manifiesta ASCAV, miles de propietarios con viviendas vacacionales de demostrada calidad, así como autónomos, pymes y entidades de todo tipo, constatan que este tipo de alojamiento es sostenible y genera economía transversal y empleo.
De ahí que esta semana la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional haya invitado a todos los colectivos a participar en una rueda de prensa conjunta para volver a pedir al Gobierno de Canarias la tan anunciada modificación del citado decreto, que dejó al margen de la ley a más del 90 por ciento de las viviendas vacacionales existentes en Canarias.
Asistí a este encuentro porque sigo creyendo que no podemos dar la espalda a una economía que significa el 12 por ciento de la facturación turística de Canarias. El Partido Popular ha sido claro desde el principio: no se trata de legislar por legislar, sino de exigir calidad en otra oferta alojativa que eligen más de 3,5 millones de turistas.
Por eso la visita de la secretaria de Estado de Turismo abre una puerta a la esperanza, pues pese a que el Gobierno de la nación no tiene competencias en esta materia, Matilde Asián se ha comprometido a mediar en las regulaciones autonómicas del alquiler vacacional. Espero que así sea, porque tenemos un limbo jurídico que condena a demasiada gente a la peor economía sumergida, sin garantías de derecho, de calidad o de seguridad jurídica.
El Ejecutivo debe modificar este decreto para no perjudicar a nadie y para que haya normas para todos. Mañana será tarde para exigir y promocionar calidad desde nuestro Gobierno.