Si como parece, los presupuestos generales del Estado de 2017 se aprueban en el Congreso de los Diputados, traerán a Canarias, por negociación con el Gobierno Autónomo 860 millones de euros. Aproximadamente un 2% del PIB de Canarias y un 0,28% del total del presupuesto no financiero del Estado.
Muy lejos del 4% que Canarias aporta al PIB del Estado, si bien solo se sabrá la inversión final por todos los conceptos cuando se liquide el presupuesto al final de su ejecución.
Complementariamente a este importe veremos que los incentivos fiscales del REF se desplomaron hasta los 374 millones de euros. Muy lejos aún de los 990 millones de ahorro fiscal que se consignaron en los presupuestos del año 2006, que posibilitaban una inversión empresarial cercana a los 2.000 millones de euros y que invitan a una seria reflexión a aquellos que gritan que las empresas se han recuperado de la crisis y que deberíamos tener una menor tasa de desempleo.
De ese importe, 196 millones pertenecen a la RIC, 119 millones a la deducción por inversiones, 17 millones al Registro de Buques, 34 millones de deducción por venta de bienes corporales producidos en Canarias, 8 millones a la deducción por inversiones en África Occidental.
El único pero que se puede decir es que, si se aprueban los presupuestos a finales de mayo, solo tendremos seis meses para ejecutar la totalidad de los importes y que el Gobierno de Canarias debe aprovechar la concertación social y el compromiso de los agentes sociales para que ejecutemos el mayor nivel de fondos posibles, que, al fin y al cabo, vienen para que Canarias progrese.
Otra cosa es que las optimistas previsiones de recaudación de impuestos no se confirmen y tengamos un cierre presupuestario antes del mes de noviembre.
pedro.alfonsomartin@hotmail.com