La ausencia de la playa de Valleseco, en los presupuestos estatales de 2017, trae de nuevo a la memoria de los chicharreros un proyecto anunciado, una y mil veces, que no acaba de hacerse realidad. Una constante, por otra parte, en muchas de las iniciativas que se plantean en Tenerife, pero no así en otras islas. Quizás porque en estas últimas el comportamiento es distinto. Basta con observar, por ejemplo, la actitud que han adoptado los habitantes del municipio grancanario de La Aldea. Lejos de bajar la guardia, una vez inaugurado un tramo de la demandada carretera hasta Agaete, han vuelto a concentrarse doce días después para que la segunda fase sea declarada de interés estratégico y los plazos de licitación, inicio y ejecución se recorten de forma considerable. En Santa Cruz, solo se ha escuchado la voz del alcalde. Ni sus socios de gobierno, los concejales del Partido Popular, que le han afeado que exija inversiones sin haber hecho primero sus deberes, ni sus compañeros de Coalición Canaria, que han tachado de simple rabieta sus palabras, han mostrado el más mínimo apoyo. Así, desde luego, no hay forma de realizar ningún tipo de presión para que la soñada playa de Valleseco salga adelante. Habrá que seguir esperando a que todos los responsables municipales y las diferentes formaciones políticas se pongan primero de acuerdo para luego viajar a Madrid a exigir al Gobierno central que incluya en sus cuentas la financiación necesaria. Eso sí, que no se demoren mucho.

A punto de finalizar las sesiones de la comisión que estudia en el Parlamento de Canarias la reforma del sistema electoral del Archipiélago, es llamativo que ninguno de los ponentes que han pasado por la misma haya propuesto la reducción del número de diputados que componen ahora mismo la Cámara autonómica. O bien se mantiene la cantidad actual, sesenta, o se plantea incrementar la cifra con el objetivo de que, junto a las listas insulares, exista una regional. Se da la circunstancia de que para una buena parte de los canarios, el Parlamento es una institución con un coste demasiado elevado para el papel que desarrolla y, en lugar de aumentar el número de diputados, apostaría por una reducción. Tal vez sea una cuestión que deberían tener en cuenta sus señorías a la hora de modificar el sistema electoral. O bien se aplican un poco más a su labor y tratan de solucionar, con mayor eficacia, los problemas que sufren las Islas.

La polémica surgida en torno al futuro emplazamiento de la denominada ciudad de la justicia de Tenerife lleva camino de empantanar otra actuación necesaria para esta Isla. No es fácil entender cómo se ha llegado a esta situación y que sea tan difícil alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas. Y con el paso del tiempo, en lugar de acercar posiciones, se están enconando, lo cual no es bueno para nadie. Por eso, es preciso abogar por que se imponga la cordura y se busque el interés general. Las acusaciones vertidas en los últimos días no conducen a ningún sitio. Al contrario, están provocando que crezca aún más el descrédito de todos los partícipes en el proceso.