Las Administraciones públicas no pueden retrasar el progreso económico y social. El aparato administrativo no debe ser obstáculo de nuevas iniciativas ni freno a la actividad económica. Antes al contrario, la Administración ha de liderar y propiciar el impulso de la economía.
Hace varias legislaturas, el Gobierno de Canarias comenzó a trabajar con el objetivo de conseguir una mayor agilidad y cercanía: creó el sistema de información multicanal; implantó la declaración responsable y la comunicación previa de inicio de actividad, en aplicación de la Directiva Bolkestein; el control financiero permanente; las Actuaciones de Respuesta Inmediata; el Catálogo de Procedimientos Administrativos; la administración electrónica, el registro electrónico y las sedes electrónicas, entre otras actuaciones.
Esto fue posible, además, gracias al Decreto 48/2009, 28 abril, por el que se establecen en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, a partir del cual las nuevas normas deberían ser más sencillas, porque impone un informe preceptivo previo a la aprobación de cualquier procedimiento sobre su adecuación a los criterios y principios de la simplificación administrativa.
Sin embargo, el Consejero reconocía recientemente en sede parlamentaria los pobres resultados en la estrategia de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, aprobada en junio del 2016.
En un Estado democrático y de derecho, las normas son garantía de convivencia, del respeto a los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento de los deberes de las administraciones públicas; en definitiva, garantía de seguridad jurídica. Por eso nos preocupa que desde algunos ámbitos se asimile la agilidad de la Administración con la desregulación y la arbitrariedad.
No deja de ser un riesgo fiar la agilidad de la Administración a la supresión de normas, porque la simplificación la concebimos desde una perspectiva más amplia.
En Canarias conviven varias Administraciones públicas -ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias- con competencias que a veces se solapan, produciendo duplicidades administrativas. Clarificar el panorama competencial tiene que ser un objetivo.
La mejora regulatoria vendrá dada, además de por la revisión de las leyes, decretos y procesos internos, si se garantiza que estos nazcan bajo parámetros en los que la intervención administrativa sea exclusivamente la imprescindible.
La organización con una estructura dimensionada y sus recursos humanos también han de estar al servicio de este propósito. La crisis ha ido debilitando las Administraciones públicas: la paralización del Gobierno de España de las tasas de reposición y la prohibición de contratación de nuevo personal han impedido cubrir vacantes y dimensionar adecuadamente los recursos humanos.
Con estas limitaciones difícilmente han podido acometerse procesos de planificación de los recursos humanos y de consolidación de empleo. Esperamos que en esta nueva etapa se autoricen mejores tasas de reposición y la contratación de efectivos que permitan la racionalización, la reestructuración organizativa y la redistribución de efectivos hacia las áreas de mayor demanda.
Es un hecho que la falta de personal ha colapsado algunas áreas. No hay complejidad normativa en la expedición de un carnet de familia numerosa. Sin embargo, acumulaba un retraso de varios meses que se está resolviendo con la contratación de más recursos humanos.
No demonicemos exclusivamente las normas, porque lo cierto es que se trata de una combinación de procesos, personas, organización y tecnología necesarios para mejorar el funcionamiento de la Administración.
El Gobierno de Canarias debe hacer mayores esfuerzos para la mejora regulatoria de sus procesos y procedimientos administrativos; poner los medios para contar con más recursos humanos formados y motivados en una organización bien dimensionada, con competencias claras respecto a otras administraciones y aplicar la tecnología para agilizar los trámites.
Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario consideramos prioritario redefinir una Administración más cercana, ágil y efectiva para el impulso de la economía y, sobre todo, para la mejora de la calidad de vida de las personas.
*Diputada autonómica del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC)