La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hecha pública el jueves, acerca de las posibles irregularidades cometidas en la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, puede que sirva para cerrar una etapa en lo que a las formas de hacer política se refiere. Desde luego, lo que sí está claro es que marca un camino en lo que respecta a la gestión de la esfera pública. Hay que recordar que las principales condenas se efectúan por malversación, es decir, no porque los afectados se hayan lucrado personalmente, sino por utilizar mal el dinero público. De ahí la importancia de la decisión judicial, así como de los fundamentos de derecho que la sustentan. Pese a la tardanza en dictar un fallo como el conocido esta semana -casi doce años- y las dudas que muchas veces surgen sobre su independencia, hay que felicitarse de que la justicia continúe velando por el cumplimiento de la ley y, como sucede en este caso, por el buen uso de los recursos públicos. Es precisamente ahí donde esta sentencia marca un camino, al advertir de los perjuicios que provocan los "comportamientos arbitrarios y al margen de los procedimientos reglados". En definitiva, no custodiar de forma ética los intereses públicos. Pero ya no solo a los políticos, sino también a los técnicos de las diferentes administraciones e, incluso, a los empresarios que trabajan de una u otra manera con ellas. Porque en esta resolución, pese a que las penas están ajustadas al grado de protagonismo de los condenados, aparecen representantes de los tres colectivos citados. Todos ellos, por tanto, deben tomar buena nota del veredicto. Y, por qué no, el resto también.
Hay que subrayar la habilidad del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para lograr comprometer al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Autoridad Portuaria en la ejecución del proyecto "Sol y sombra", a lo largo del litoral de Valleseco. Aunque todavía es pronto para tirar voladores -son ya muchos los anuncios realizados-, no cabe duda de que esta vez ha conseguido que los responsables de estas tres instituciones -todos ellos de CC- se retraten y apoyen, no solo de palabra, sino también con fondos, las actuaciones previstas en la zona. No obstante, habrá que seguir atentos al desarrollo de los acontecimientos, para que ninguno de ellos se desmarque y que el acuerdo suscrito el pasado miércoles se quede en agua de borrajas. De momento, las quejas de Bermúdez, tras su encuentro con Costas, han dado resultado y un proyecto que lleva dormido más de una década puede comenzar a ejecutarse el año próximo.
Otra decisión judicial conocida el miércoles, gracias a las páginas de este periódico, es la que anula el núcleo del decreto del alquiler vacacional, por infringir "claramente la libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios". Esta normativa, aprobada la pasada legislatura y que el Parlamento canario ha instado a revisar, ha suscitado una batalla entre los propietarios y gestores de viviendas vacacionales y la patronal hotelera en la que el Gobierno deberá intervenir defendiendo el interés general.