A pesar de la plena pertenencia de Canarias a la Unión Aduanera y al Mercado Único, la Directiva Europea del IVA exige que los territorios de la Unión Europea que cuentan con un régimen fiscal propio realicen, mediante un trámite aduanero, la adaptación fiscal pertinente. Por ello es necesario realizar trámites semejantes a las importaciones y exportaciones en tales intercambios.

Consumidores y empresas sufren en Canarias más dificultades para participar en el comercio electrónico por los costes añadidos, las incomodidades que representa la gestión aduanera y los trámites asociados a la cumplimentación del Documento Único Administrativo (DUA).

Estas circunstancias lastran el desarrollo del comercio electrónico en Canarias: los consumidores no pueden acceder a compras "on line" en idénticas condiciones que cualquier ciudadano de la Unión Europea; nuestras empresas ven encarecidos sus productos cuando venden por internet y muchas empresas desisten de hacer envíos al Archipiélago.

En la pasada legislatura la Administración Tributaria Canaria y la Agencia Tributaria Estatal acordaron algunas medidas que han permitido abaratar el comercio electrónico con las Islas; entre ellas, el autodespacho en línea, la presentación del DUA de importación por el vendedor y la supresión del DUA a la exportación

Más recientemente, el Gobierno de Canarias publicaba una orden aclarando que no es necesario la presentación del DUA en compras de escaso valor y ha propuesto la modificación del artículo 14.11 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

Hace varios meses que el asunto está en el tejado del Gobierno de España, que lo ha trasladado al Congreso de los Diputados para su aprobación en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.

Los nacionalistas hemos dado muestras de nuestra voluntad de atenuar estos sobrecostes. Así lo incorporamos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy: "Se adaptará la política aduanera para su adecuación al nuevo Código Aduanero de la Unión Europea para la simplificación o eliminación de trámites aduaneros, especialmente los referidos al comercio electrónico y al tráfico de bienes culturales".

Estas soluciones que combinan fiscalidad, tecnología y normativa precisan de la colaboración del Ministerio de Economía y de la Agencia Tributaria Estatal. Está en manos del Estado implementar medidas organizativas para mejorar la gestión aduanera en Canarias que protejan a los consumidores para acceder a las compras "on line" como cualquier ciudadano de la Unión Europea sin sufrir discriminación por pertenecer a una región ultraperiférica.

Las dificultades del comercio electrónico no pueden servir como excusa para demonizar ni poner en peligro nuestro REF. Antes al contrario, tener un régimen distinto supone un ahorro fiscal al aplicar a las mercancías un 7% de IGIC frente al 21% de IVA.

Modernizar la gestión de nuestro fuero propio para que el comercio electrónico deje de ser un problema en Canarias, sin renunciar a ninguna de sus ventajas, debe ser un objetivo compartido entre los Gobiernos de España y de Canarias, para que empresas y autónomos canarios puedan estar sujetos al régimen fiscal sin sufrir trabas injustificadas en la gestión que impidan la competitividad y el crecimiento.

Asimismo, el objetivo también tiene que ser proteger al consumidor, eliminando cualquier restricción que pueda limitar sus posibilidades de elección e impida el descenso de los precios del comercio electrónico.

Tampoco podemos olvidarnos de uno de los sectores que más tiran de la economía en el Archipiélago: el comercio minorista. Es necesario encontrar un equilibrio entre los intereses del comercio electrónico y el de los minoristas con un establecimiento físico, porque, recordemos, nuestros comercios y nuestras pymes son los que mantienen el tejido económico de nuestros pueblos y ciudades.

*Diputada autonómica del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC)