Crece la preocupación, sobre todo en Tenerife, pero también en otras islas de esta provincia, por la situación que se vive en la Consejería de Industria a la hora de tramitar los expedientes sobre instalaciones eléctricas. Las páginas de este periódico se han hecho eco ya, en varias ocasiones además, de las quejas vertidas por diferentes sectores ante lo que consideran un atraso para su desarrollo económico. El pasado mes de febrero, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife calificaba de "auténtico caos" lo que estaba ocurriendo, ya que se estaban generando retrasos de hasta ocho meses. Entonces, desde el departamento dirigido por Pedro Ortega se anunció una solución "inminente", pero la realidad es que a estas fechas, mediados de junio, la cosa sigue igual. O peor, porque las demoras se acumulan. Lo curioso del caso es que mientras en la sede de la Consejería en Tenerife pasan por estas penurias, en Gran Canaria reina la normalidad. Aquí falta personal y allá sobra, si se tiene en cuenta la dotación establecida en uno y otro lugar. Aunque algunos estimen que es una simple casualidad, resulta que los dos máximos responsables de esta materia, Pedro Ortega, el consejero, y Adrián Mendoza, el viceconsejero de Industria, son de aquella isla. Quizás si el problema hubiera surgido en Gran Canaria, hubieran sido más diligentes a la hora de buscar una solución, pero como lo sufre Tenerife, parece que no hay mucha prisa en arreglarlo. Es más, ya hay algunas voces que hablan de que detrás de estas carencias se esconde el desmantelamiento del servicio. Habrá que confiar en que no sea así, pero quizás desde el Cabildo de Tenerife deberían tomar nota y, al igual que han hecho con otros departamentos autonómicos, dar un toque de atención para que no se duerman en los laureles.

La ley de crédito extraordinario por valor de 340 millones de euros que aprobará el Gobierno de Canarias en las próximas semanas es una buena noticia para este Archipiélago siempre y cuando ese dinero se gestione bien, pues de nada sirve disponer de tal cantidad si luego no se utiliza de forma eficaz. Por eso, conviene que el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, exija a la consejera de Hacienda un verdadero control sobre el uso de estos millones. Existen dudas de que, teniendo en cuenta la rapidez con la que se mueven los expedientes en el Archipiélago, dé tiempo a gastar tan elevada cifra, de ahí la importancia de imprimir mayor diligencia en la aprobación de las diferentes iniciativas. Más si el objetivo es rebajar las listas de espera de dependencia o sanidad. Y, sobre todo, porque se trata de dinero público, de todos los canarios, que debe ser empleado con responsabilidad. Que a nadie se le pase por la cabeza derrocharlo.

Los datos apuntados por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, acerca de la proyección demográfica del Archipiélago, deben animar a su titular a no bajar la guardia, pues queda trabajo por delante para dotar a las Islas de los servicios que van a demandar dentro de poco más de una década los 500.000 canarios con más de 65 años.