Esta semana, en el Pleno del Parlamento, compartíamos todos los grupos de la Cámara el mismo objetivo: conseguir que el Gobierno de España abone a Canarias las transferencias adeudadas y que estaban contempladas en el convenio de carreteras suscrito en el año 2006, que fue actualizado por la adenda del 2009 y que vence a finales de este año.

Decía el consejero en una reciente comparecencia que, entre los años 2012 y 2016, el Estado debió aportar para las carreteras de las Islas 1.083 millones de euros. Sin embargo, solo se han recibido 325 millones en cinco años.

En ese tiempo, el Gobierno de Canarias ha tenido que afrontar con recursos propios todos los sobrecostes causados por el incumplimiento del Estado.

En el presente año, el Gobierno de Canarias cuenta con un presupuesto de 95 millones de euros para la ejecución de estas infraestructuras. Además, gracias a la negociación llevada a cabo por los nacionalistas canarios, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, esta partida se incrementará, lo que hará posible adelantar las obras que ya están en ejecución.

Todos desearíamos que las partidas presupuestarias se incrementen aún más, pero hay que ser realistas, teniendo en cuenta que las obras deberán ejecutarse en los seis próximos meses, antes de finalizar este ejercicio.

Por ello, es imprescindible disponer, a partir del año 2018, de un nuevo convenio de carreteras que permita culminar las obras en marcha e iniciar las que figuran en los anexos del convenio vigente, pero que no han podido comenzar por la falta de financiación estatal, e incorporar las nuevas necesidades para el futuro

Desde hace meses, ambos Gobiernos han iniciado las negociaciones formales para un nuevo convenio. Canarias parte con el objetivo de aprobar el nuevo marco jurídico a partir de 2018, además de que el Estado abone todo lo que adeuda del convenio vigente contemplando los sobrecostes y perjuicios que se han tenido que suplir con recursos propios de los canarios.

Ya existe un listado de obras, consensuado con los Cabildos, que Canarias propone incorporar al nuevo acuerdo y que contempla las infraestructuras viarias, que son fundamentales para las conexiones de los canarios.

Entre ellas figuran la segunda fase de la nueva carretera de La Aldea; el tercer carril de la autopista TF-1; el Eje Norte-Sur de Fuerteventura; el acondicionamiento de la LP-1, en La Palma; la ampliación de la TF-5 para la construcción del nuevo carril bus-vao; la variante de Vallehermoso, en La Gomera; la segunda fase de la HI-50, o la vía Yaiza-Arrecife.

Y todo sin olvidar que hay que dar máxima prioridad a las actuaciones en ejecución, y después continuar con las previstas, pero no iniciadas, e incluir en el nuevo convenio la obligación del Gobierno de España de financiar el coste de la redacción de proyectos.

Coalición Canaria ha demostrado su compromiso en la mejora de las infraestructuras en las Islas y en hacer cumplir al Estado el convenio de carreteras.

Costó años de esfuerzos hacer entender al Estado que debía financiar nuestras carreteras, porque son esenciales para la cohesión territorial del Archipielago. Logramos incorporar en el REF su consideración de infraestructuras de interés general, con la obligación de que cada año los Presupuestos Generales del Estado incluyan las partidas correspondientes a las inversiones del Estado en infraestructuras en Canarias. Por eso, cada ejercicio hay que estar vigilantes para obtener esos créditos que en los últimos años de recortes no han sido nada fáciles de conseguir.

La importancia de nuestras infraestructuras requiere hacer un frente común desde Canarias, pero también aunar esfuerzos donde se decida lo que viene a las Islas, que es en el Congreso de los Diputados. Ese frente también tiene que prestar todo el apoyo al Gobierno de Canarias en sus negociaciones para recuperar lo adeudado por el Estado y la consecución del mejor convenio de carreteras para los próximos años.

*Diputada autonómica del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC)