Tal como recogía el editorial de EL DÍA la pasada semana, "los datos apuntados por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, acerca de la proyección demográfica del Archipiélago, deben animar a su titular a no bajar la guardia, pues queda trabajo por delante para dotar a las Islas de los servicios que van a demandar dentro de poco más de una década los 500.000 canarios con más de 65 años".
El envejecimiento de la población representa en la actualidad el 18% de la población española, y se prevé que se incremente hasta el 25% en los próximos catorce años, por lo que cada vez habrá menos trabajadores activos financiando el Estado del Bienestar, que, como sabemos, se compone básicamente de pensiones, sanidad, educación y servicios sociales, así como el resto de la financiación necesaria para la estructura e inversión pública presupuestarias del Estado, autonómicas, insulares y municipales.
Con estos datos, el descenso de la tasa de paro está prácticamente garantizado de manera natural, si no hay un incremento de la población activa con movimientos migratorios, y tendríamos la necesidad de aumentar progresivamente la productividad de la economía canaria mientras creamos nuevos tipos de empresas, autónomos y/o empleos, pues el alivio de la carga presupuestaria del desempleo por motivos de envejecimiento poblacional supondría un problema para las arcas del Estado y, por extensión, pondría en peligro los servicios públicos que demandan las familias y empresas.
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