El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, la ha liado. Se le ha ocurrido desafiar a los poderes del auténtico regionalismo democrático e igualitario de Canarias que, como todo el mundo sabe, se produce de forma exclusiva y excluyente en las glándulas salivares de la isla de Gran Canaria.

En esta legislatura se ha producido un duro asalto al sistema electoral de las Islas, inventado en los albores de la democracia en el "pacto de Medinaceli". Se trata de un sistema de equilibrios que iguala los diputados que tienen las dos islas mayores, los de las mayores con las menores y los de las dos provincias entre sí. Como los canarios no se fiaban los unos de los otros y los otros de los unos, se inventó un sistema de cautelas y equilibrios que contentaba a todo el mundo.

Como ya nos hemos vuelto demócratas y regionalistas, en esta legislatura ha surgido la propuesta de cambiar el sistema electoral porque es desproporcionado. El más desproporcionado y tercermundista del mundo mundial según algunos. Nuestro sistema produce que el voto de un herreño valga mucho más que el de un tinerfeño, porque con menos votos se obtiene un diputado.

Es verdad que el sistema electoral canario produce una sobre representación de las tres islas menos pobladas. Y esto es así porque el Parlamento es una cámara mixta, que representa a los territorios y a las personas. De hecho, no hay una sola provincia española en donde los votos de un ciudadano "valgan" exactamente lo mismo que otra. Ni todos los diputados "cuestan" lo mismo. Frente a quienes dicen que el sistema canario es perversamente desproporcionado se suele oponer -con razón- el ejemplo de Castilla y León que con casi los mismos habitantes que Canarias (2.448.000) tiene treinta y dos diputados en el Congreso, exactamente el doble de los que elige Canarias con 2.100.000 habitantes. ¿Han escuchado a alguien decir que eso es una desproporción y que hay que cambiar el sistema electoral español? Pues eso. Que en todas partes cuecen habas, pero sólo se huelen las de un caldero.

Algunos partidos están decididos a cambiar el sistema canario que favorece claramente a las islas menos pobladas, que casualmente son las de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Quieren darle un diputado más a Fuerteventura, que tiene más población que La Palma. Y quieren, sobre todo, darles más diputados a Tenerife y Gran Canaria, que es donde pescan votos los grandes partidos que no se comen un rosquete en las islas pequeñas.

Entonces sale Carlos Alonso y recuerda que como Tenerife tiene casi cincuenta mil prójimos más que Gran Canaria le correspondería un diputado más. Y claro, le ha caído la del pulpo. Le han tildado de insularista para arriba, porque los carnés de regionalismo y democracia se expiden siempre, desde 1927, en la isla de enfrente. El factor de mayor población sólo parece democráticamente relevante cuando es en contra de la provincia tinerfeña. Alonso se quedará solo porque aún no se ha dado cuenta de que Tenerife, desde hace tiempo, dormita en la cobardía y el conformismo.