El pasado día 4 fue presentada por los grupos políticos independentistas de Cataluña la futura Ley de Referéndum, que está previsto realizarse el 1 de octubre próximo, cuya finalidad es que los catalanes puedan decidir si quieren que esa región sea una República.

Esta iniciativa, pese a su difusión pública, no se ha querido registrar aún como proposición de ley en el Parlament para no darle carácter oficial, dada su ilegalidad, sino que fue dada a conocer en un acto público en el auditorio de la Cámara catalana.

Los independentistas quieren fundamentar la cita a las urnas sobre una Ley de Referéndum de Autodeterminación en cuyo articulado se recoge que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano", y como tal, tiene derecho a decidir sobre su futuro político.

Con el fin de que esta futura ley pueda blindarse ante una posible suspensión del Tribunal Constitucional, el gobierno catalán quiere que la misma prevalezca jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con ella. Por tal motivo, piensan aprobar la legislación que consideren necesaria. No obstante, el Gobierno de la Nación ya ha advertido que esa futura ley de referéndum es manifiestamente antidemocrática por ser contraria a la Constitución Española (CE), al Estatuto de Cataluña y a la Democracia, toda vez que impide participar a la totalidad del pueblo español en el que reside la soberanía.

El paso dado por el señor Puigdemont para solicitar de los catalanes la independencia para Cataluña, supone un desafío al Estado, que no lleva a otro camino que toparse con el imperio de la ley, con las consecuencias legales y aún penales previstas en el ordenamiento jurídico. Un error político que repercutirá en los propios catalanes al aumentar la fractura social.

El presidente Puigdemont afirma que votar en el referéndum anunciado es un derecho democrático que nadie puede impedir. Está muy equivocado porque el verdadero sentido de la democracia consiste en que todos y cada uno de los ciudadanos disponen de los suficientes instrumentos políticos y legales para hacer frente con éxito a cualquier desafío a los principios constitucionales que atenten contra ella. Así pues, sabiendo que la razón y la legalidad están de parte del Gobierno, debe mantener una actitud firme, serena pero contundente. Para ello, el presidente Rajoy ya ha garantizado que la consulta planteada no se celebrará en Cataluña, ya que la CE no autoriza a ninguna autonomía a someter a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional. En cualquier caso para no permitir esta consulta el Estado dispone de suficientes medios como son todos los instrumentos de coerción que le otorga la CE, la Ley de Seguridad Nacional, las normas administrativas, el Código Penal y la Ley reguladora de los estados de alarma. excepción y sitio. También tiene a su disposición toda la legitimidad que el Estado de Derecho y la democracia otorgan a unos poderes públicos que deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.

También es necesario recordar que el Gobierno, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 155.1 de la CE, con la aprobación del Senado, en el caso de que el gobierno de Cataluña no acate la CE o desoiga al TC, podrá obligar al presidente de la Generalidad al cumplimiento forzoso de las obligaciones que tanto la Carta Magna, como las leyes le imponen. Para ello puede dar instrucciones a todas las autoridades catalanas (Artº 155.2).

De la lectura de este artículo esencial de la CE dos cosas se colige que parecían olvidadas: el primero, que existen métodos para que el Gobierno de la Nación haga valer su autoridad cuando el asunto, por su gravedad o trascendencia lo requiera. Y el segundo aspecto, es que las Comunidades Autónomas SI tienen límites que no pueden traspasar.