En mayo del pasado año, el Parlamento aprobó una proposición no de ley, a iniciativa de todos los grupos, en relación con la regulación del tabaco. En ella nos hacíamos eco de la necesidad de dotar de seguridad jurídica al sector ante la incertidumbre del cumplimiento, por el Gobierno de España, de los plazos para la transposición de la directiva europea de 2014 relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y productos relacionados. En aquella ocasión nos preocupaba el vacío normativo en el que se quedaba la industria y solicitábamos incluir en la regulación sus singularidades en Canarias.

El pasado mes de junio se publicaba el real decreto de transposición parcial de la directiva sustituyendo la regulación contenida en el real decreto del año 2002. Nuestra sorpresa fue que la trazabilidad la regula sin tener en cuenta las especiales condiciones de la distribución en las Islas. Recordemos que el comercio al por menor de labores de tabaco en el resto de España se mantiene en régimen de monopolio del que es titular el Estado, que lo ejerce a través de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre.

No hay similitudes entre la comercialización que se ejerce en la Península respecto a los varios centenares de mayoristas y a la diversidad de distribuidores que existen aquí: supermercados, establecimientos de restauración, estancos, quioscos; en definitiva, muchas pequeñas y medianas empresas.

Aplicar los mismos criterios para la trazabilidad en toda la red comercial y en todos los puntos de venta a lo largo y ancho de la geografía de las Islas no sólo sería tremendamente complejo desde el punto de vista técnico, sino además supondría un coste económico desproporcionado, inasumible para la industria.

Hoy por hoy, Canarias es la única comunidad autónoma que mantiene actividad industrial tabaquera; nuestra especial fiscalidad posibilita que la industria permanezca, y el sector del tabaco, si bien ha perdido peso en los últimos años, continúa representando buena parte de nuestras exportaciones, junto al tomate y el plátano.

Las Islas facturan varios cientos de millones de euros al año y dan empleo directo e indirecto a miles de personas, y por ello la Administración autonómica ingresa millones de euros anuales, entre tributos especiales e impuestos indirectos.

Estamos de acuerdo en que existe una tendencia europea a las restricciones en aras de la lucha contra el contrabando de tabaco y en favor de la salud. Afortunadamente, el sector en las Islas siempre ha estado comprometido en esa lucha contra el fraude y con el consumo responsable. Prueba de ello es la constante evolución del sector hacia nuevas maneras de consumo menos dañinas.

Por eso, vamos a seguir insistiendo, en virtud de nuestras singularidades, en una regulación específica como región ultraperiférica para que, a la vista de las especialidades de la distribución del tabaco en Canarias, la trazabilidad se adapte a las características de la distribución en las Islas.

Lo volvimos a hacer recientemente con una iniciativa conjunta en el Parlamento, en la que instamos al Gobierno de España a promover los cambios normativos para que en Canarias exclusivamente se trace hasta la primera venta. Además de garantizar que, en ningún caso, se produzca la atribución de competencias al Comisionado del Mercado de Tabacos y se respeten las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La historia de Canarias está ligada a la industria del tabaco, por nuestra situación singular en el Atlántico y por nuestra vinculación social y cultural con América, especialmente con Cuba. Desde la instauración de los puertos francos, nuestras ventajas aduaneras y nuestro régimen económico y fiscal especial, la manufactura del tabaco ha constituido una fuente de riqueza y empleo para las Islas.

Por eso hemos de contribuir a que se eliminen trabas al sector que le resten competitividad o lleven a que Canarias deje de ser atractiva para la industria.

Desde el Grupo Nacionalista Canario vamos a seguir trabajando en defensa de un sector estratégico para nuestra economía y en la defensa del empleo en la industria tabaquera.

*Diputada autonómica del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC)