Los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña el pasado día 17 provocaron ayer una masiva manifestación en Barcelona, encabezada por el rey Felipe VI. Con su presencia, inédita como monarca, el jefe del Estado quiso evidenciar el rechazo de toda España a la barbarie terrorista. Sirva esta gran movilización, en homenaje a las quince personas que perdieron la vida en la capital catalana y la localidad tarraconense de Cambrils, para reclamar mayor cordura a los responsables públicos de este país a la hora de enfrentarse a un problema de tal calado. Es una pena que la unidad demandada desde el mismo momento en que se conoció lo que estaba ocurriendo en Cataluña se haya visto alterada por el intento de sacar rédito político a una masacre. La calle, otra vez más, ha demostrado tener mayor sensatez. No solo los que ayer recorrieron el Paseo de Gracia, sino el resto de españoles que, sin estar allí físicamente, también estuvieron presentes con su deseo de plantar cara al terrorismo. Conviene insistir una vez más en la necesidad de andar juntos este camino, pues solo así se podrá acabar con semejante atrocidad. El mensaje de la ciudadanía es claro, aunque algunos pequeños grupúsculos intenten alterarlo. No hay que tener miedo siempre y cuando se sumen esfuerzos. Detrás de esa pancarta, todos nos sentimos volcados con Barcelona y dispuestos a poner el hombro para que no haya fisuras.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Güímar, recogidas en un amplio informe y publicadas en EL DÍA, han generado cierto grado de malestar en la Alcaldía del municipio del Sur de Tenerife, que en lugar de aclarar las dudas que plantea el autor del documento ha preferido cuestionar la intencionalidad del medio. El citado texto habla de presuntos hechos punibles -"posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa"- y cita a declarar, "en calidad de investigados", a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta; a una concejal y a otro que lo fue. A juicio del fiscal, "se constata la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación pública, especialmente las relativas a la realización de obras en el Consistorio", y existe alguna factura que "constituye un claro y manifiesto quebrantamiento de la regulación contractual en el ámbito administrativo". No obstante y pese a conclusiones tan notorias, es preciso esperar a que una sentencia firme establezca si hay o no condena.

Continúa la preocupación por la presencia en las costas canarias de las mal denominadas "microalgas" y se echa en falta más información por parte de la administración. Ya no solo si están o no relacionadas con vertidos de aguas fecales, lo que parece estar claro después de la rueda de prensa celebrada hace once días. El hecho de que se expusiera que van a ser un fenómeno frecuente no evita que los usuarios de las diferentes playas se acostumbren a su existencia. Si encima los datos oficiales que se proporcionan no coinciden después con la realidad, flaco favor se le está haciendo a la población.