Es la forma puesta en práctica, ya hace bastante tiempo, por administraciones públicas y empresas para despojarse de servicios que no son propiamente su actividad fundamental. Así, por ejemplo, en sus principios y por un largo periodo de tiempo, Cepsa en Tenerife, la Refinería, hubo de ser autárquica. En su plantilla había, además del personal especializado en el refino de petróleo, albañiles, pintores, carpinteros, electricistas, mecánicos, torneros, fresadores, etc., etc. A medida que fueron desarrollándose empresas en la isla que podían ofrecer aquellos servicios, la Refinería fue contratando y cancelando de su estructura. Eso ha venido a llamarse externalización.

Uno tiene suficiente edad para recordar cómo los ayuntamientos tenían su servicio de recogida de basuras, limpieza, jardines, etc., que se realizaba con personal adscrito a la plantilla de los mismos. Surgieron empresas capaces de hacer aquellos trabajos y los ayuntamientos fueron externalizando aquellos servicios. En los organismos públicos quedaban las oficinas de control y planificación, pero el servicio lo realiza una empresa contratada al efecto y con sus plantillas de personal a tal fin.

El Ayuntamiento de Santa Cruz externalizó hasta el estratégico servicio del agua. Un servicio que estaba funcionando muy bien bajo la dirección de don Juan Alfredo Amigó. Era la empresa municipal de aguas, Emmasa, bien gestionada y a la que el tándem Zerolo-Parejo había echado el ojo para obtener 55 millones de euros por su venta que habían de destinarse a la financiación del Plan de Barrios, que requería de 215 millones.

Conocida la sentencia de Las Teresitas, por la que venimos a saber cómo se dispusieron de 52 millones de euros del remanente de tesorería del Ayuntamiento, a uno le cuadra que la venta de Emmasa venía a reponer a la tesorería aquellos 52 millones que se entregaron a los señores Plasencia y González. Una externalización extraña que, además, ha traído problemas que están recogidos en la hemeroteca.

Cuando una externalización se lleva a cabo con la empresa que asume el servicio ha de estar muy clara en todas las especificaciones. Y muy claro que si la empresa no cumple con lo contratado, se rescinde el contrato y se licita de nuevo para otorgárselo a otra empresa. Digo esto por el incidente que se ha producido en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, con una huelga de los trabajadores de la empresa Eulen, que tiene contratado, por parte de AENA (empresa del Ibex 35), el servicio de los controles de acceso a la línea de embarque. Y lejos de rescindirse el contrato con Eulen por incumplimiento del servicio, se monta una carajera en la que se le pasa la pelota al Gobierno del Estado. ¿Qué clase de externalización hizo AENA? ¿O faltan congojos para hacer cumplir lo contratado? Quizás sea esto último, que se viene demostrando en otros asuntos.