Cuando dos bandos se van a pelear, es mal negocio que te metas en medio intentando separarlos, porque puede que recibas el primer sopapo. Si te pones entre dos ejércitos enfrentados con los brazos abiertos pidiendo que paren, probablemente acabes fiambre.

El problema de que te veas en una pinza tiene difícil solución. Y esa es la situación en la que se encuentran ahora mismo los contribuyentes en Cataluña. Para los ciudadanos y empresas catalanas vale aquello de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. El gobierno autonómico ha puesto en marcha el proceso de mandar a España a tomar por saco, lo que implica, naturalmente, cobrar todos los impuestos. Para ello ha creado una agencia tributaria. Pero, por otro lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido a los catalanes que el que no pague sus impuestos estatales donde corresponde, que es en la Hacienda nacional, se arriesga no solo a tener que pagar con recargo, sino a que le caiga encima el código penal.

Podría pasar que Cataluña cobrase los impuestos del Estado y no se los entregara a Hacienda. En ese caso los responsables no serían los políticos catalanes, sino los contribuyentes. Porque son ellos los que tienen que cumplir con la obligación. Si le dan su dinero a un intermediario que se lo queda, es su problema. Allá ellos.

Ese es el pavoroso panorama que se les presenta a personas y empresas. El matón del colegio, que es el que está contigo en el patio, se quiere quedar con la pelota. Pero el profesor, que está dentro de la escuela, desayunando tan tranquilo, te ha advertido que si no la devuelves se te va a caer el pelo. Uno de los dos te va a partir la cara.

Miles de ciudadanos catalanes se van a enfrentar a la disyuntiva de ser perseguidos por el Gobierno autonómico o por la Hacienda estatal. El primero ha campado a sus anchas durante un largo recreo de décadas de democracia, poniendo multas a quienes no rotulasen en catalán sus negocios, persiguiendo la educación en castellano o haciéndole la vida imposible a quien no comulgase con la doctrina independentista. Ese Gobierno amenaza a los ciudadanos con sus propias leyes, funcionarios y agentes de la autoridad. Si no pagas a Cataluña serás perseguido y sancionado. Y vete tú a saber si algo peor. Pero por el otro lado, Madrid te advierte que donde tienes que ingresar la pasta es en las arcas de la administración central. Y te amenaza con el talego.

Una de las dos haciendas te ha de helar el corazón. ¿Es justo? Claro que no. El Gobierno de España, incapaz de meter en cintura a los separatistas catalanes, quiere que los ciudadanos le hagan el trabajo. Es una variante de la cobardía. Y los contribuyentes, cogidos en medio de la bronca, están vendidos y abandonados a su suerte.