De un tiempo a esta parte, los españoles hemos adquirido el hábito de despertar cada mañana con la incertidumbre de tropezarnos en los medios de comunicación con un disparate de mayores dimensiones que los vividos en días anteriores. En esta ocasión, la perplejidad dio paso a una formidable estupefacción peligrosa al leer unas manifestaciones que nunca se nos pasaron por el magín que las pronunciase un político actual sin que la Ley, hasta ahora, articulara ningún tipo de comentario que, al menos, llamase la atención a este personaje molesto, a pesar del alto puesto político que desempeña en la actualidad.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (de él escribimos), provoca, una vez más, al Gobierno de España al declarar que la futura Cataluña disponga de ¡un ejército propio!, tesis apoyada por otro de los artistas secesionistas, hoy en el ostracismo obligado por la Justicia, Artur Mas. Adornó esta increíble declaración afirmando que "la política de defensa es absolutamente indispensable", apoyándose en los recientes y terribles episodios yihadistas resueltos de una manera confusa del todo por los "mossos d''esquadra" (seguimos perplejos), que, incomprensible y curiosamente, han admitido haber recibido en mayo la alerta de la CIA sobre los atentados que se preparaban en Las Ramblas, pero no le otorgaron credibilidad. Remata Puigdemont su argumento diciendo: "No tengamos complejos, Cataluña ha de poder tener una política de defensa homologable a la que hacen naciones aliadas". Un retorno encubierto a 1934 que está pasando por debajo de las instituciones del Estado, muy subrepticiamente, solo con algunas declaraciones pusilánimes de unos pocos responsables políticos.
Las naciones aliadas a las que alude el presidente catalán no les han hecho ni caso. El último ejemplo lo tuvimos la pasada semana en Dinamarca, "país aliado" en el que Puigdemont fue ignorado, una vez más, en la iniciativa de la diplomacia separatista. Nadie del Gobierno danés asistió a la inauguración de otra de las embajadas fantasma catalanas, teóricamente creadas para relaciones comerciales. El fin que se busca es el reconocimiento internacional para el proceso de independencia, aunque se les ha hecho saber que la declaración unilateral de independencia no tiene apoyo en el derecho internacional, y menos cuando quienes lo promueven son quienes ostentan uno de los ejemplos más importantes de autogobierno regional. Está claro que sin apoyo legal ni reconocimiento internacional los nacionalistas catalanes están poniendo al Estado en la necesidad de adoptar medidas drásticas. Y una de ellas es la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, que vamos a reproducir a sabiendas de que muchos de nuestros ineptos diputados lo desconocen (buena parte del Congreso navega en los mares de la mediocridad), y refrescar la memoria a aquellos que guardan un asustadizo silencio. Dice así:
"Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. El Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".
Sin embargo, la ley separatista continúa provocando a España y la define como "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán". La "nueva" Constitución establece que Cataluña se constituye "en una república de derecho, democrática y social". El presidente de la Generalitat pasaría a ser jefe del Estado. Ante este cúmulo de disparates consentidos, hemos seguido al "deseado" ministro Montoro, quien recordó que la Generalitat no ha gastado ni un euro público al referendo y que el gobierno catalán cumple con la obligación que se le impuso de enviar cada semana a Hacienda certificaciones de que no se paga ni con fondos presupuestarios ni extrapresupuestarios nada relativo a la consulta. Entonces, señores del Gobierno, ¿de dónde sacarán los dineros? ¿De Maduro? ¿De algunos empresarios catalanes, hoy escondidos entre bastidores? Soraya Sáenz de Santamaría, de las pocas inteligencias que circulan por la Moncloa, dijo que "a un mes de la consulta, no hay legalidad, ni logística ni firmas". Aquí está uno de los intríngulis de la cuestión: al que firme algo el Tribunal Constitucional le caerá encima con el peso de la Ley. Y nadie quiere terminar como Artur Mas.
Ojo avizor al próximo 11 de septiembre, acto de la Diada con los lemas: "Defender la soberanía y el derecho a decidir". Actores convocantes: Pablo Iglesias, Ada Colau y Xavier Domenech. Un indudable caldo de cultivo para los indecisos y para los que ignoran la tiranía radical.