A Puigdemont le han pedido que confiese por escrito un delito de sedición. Y la prosa del presidente de los catalanes ha cogido las de Villadiego. Se resiste a apurar el cáliz del sacrificio. La carta de respuesta al requerimiento del Gobierno central es, como cabía esperar, un dialogante paisaje de lugares comunes elaborado sobre el constructo independentista.

Los soberanistas catalanes fabrican un discurso en el que dan por hecho que debe producirse un diálogo exclusivo entre Madrid y Cataluña. Una conversación bilateral de la que queda tácitamente enajenado el resto de los ciudadanos españoles. ¿Y eso? Pues porque Cataluña es "de facto" una nación soberana que tiene perfecto derecho a tener un diálogo civilizado y democrático con el Estado español. Después de establecer este cimiento, falso de toda falsedad, apoyan sobre él las mejores intenciones. Puigdemont asegura que su Gobierno está dispuesto "a la negociación y el acuerdo" para encontrar una solución al problema. ¿Qué problema? Pues el que ha creado el propio secesionismo con leyes, consultas y declaraciones ilegales. Yo te lo guiso y yo te lo como. Servicio completo.

Pero el presidente Puigdemont va más allá. Lo que pasa -el desafío a la unidad del Estado español y la Constitución- no es fruto de la acción política de los partidos independentistas, sino la voluntad de "una mayoría" del pueblo catalán expresada en las urnas y en la consulta ilegal. Una mayoría de apenas dos millones de votantes en un censo de cinco millones y medio y una población de 7.526.000 personas. No deja de ser una curiosa mayoría minoritaria.

Puigdemont remata su carta con dos peticiones. La primera advierte por dónde iría el caminar de la perrita de la hipotética república catalana independiente: un país en el que el poder judicial estaría aún más mangoneado por los políticos. Quiere que Rajoy ordene a los jueces que cesen en la persecución de quienes hayan incurrido en ilegalidades. Y pide, además, que el Gobierno español renuncie al control del orden público y al hostigamiento del "pueblo" de Cataluña.

En política quien decide los términos de una disputa decide en gran medida su resultado, como afirma ese joven con coleta, brillante alumno de Gramsci. El Gobierno español quería una confesión por escrito para cargarse públicamente de razones. Pero lo que tiene es una carta en la que los secuestradores se ofrecen generosamente a negociar de tú a tú.

Pero Mariano Rajoy no tendrá que esperar a finales de esta semana para tomar una decisión. Ya la han tomado por él. La orden de prisión incondicional decretada por una jueza contra los dos dirigentes de las plataformas independentistas Omnium y ANC va a incendiar a las "milicias civiles". Del espíritu de diálogo pasaremos al desorden callejero. Y de ahí, no quedará otra, al 155 y a la intervención de las fuerzas de orden público en Cataluña. La estrategia que pretendía Puigdemont, un idílico diálogo entre dos estados, se ha ido a freír puñetas. Y nunca mejor dicho.