El conflicto en el que está inmersa la Comunidad Autónoma Catalana vivió ayer un nuevo capítulo. El anuncio efectuado por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de que solicitará permiso al Senado para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y, como consecuencia de ello, entre otras medidas, cesar al jefe del Ejecutivo, Carles Puigdemont, y a todos los consejeros, es un punto al que muy pocos creían que se podía llegar. La necesidad de restablecer la legalidad y de evitar el derrumbe económico de aquella comunidad es el argumento utilizado para justificar una decisión de tal calado. Además de tratar de subsanar la fractura social que el desafío secesionista ha provocado. Estos deben ser los principales objetivos del Estado en los próximos meses. En primer lugar, recuperar el sendero que marca la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Catalán, hecho añicos por los actuales mandatarios de la Generalitat y las formaciones políticas que los sustentan. Solo así se podrán convocar las elecciones autonómicas que ayer Rajoy se comprometió a celebrar en un plazo máximo de seis meses. Dentro de ese marco legal se podrá establecer el diálogo que demandan todas las partes y la mayoría de los españoles. Sin reglas es muy difícil, por no decir imposible, buscar consensos. Este ha sido el principal error del Ejecutivo catalán, emprender por su cuenta un camino sin importarle si el semáforo estaba en rojo, verde o ámbar. Las consecuencias no han sido solo jurídicas o políticas, sino que también se ha visto afectada su economía y la convivencia como pueblo. La fuga de empresas y la caída de las ventas están poniendo en peligro su recuperación y desarrollo. Y lo que es más grave, pues tendrá mayores consecuencias, se ha abierto una grieta en las relaciones sociales de muchos catalanes. Este es el balance de gestión que presenta el corto, pero intenso, mandato de Puigdemont. Con este equipaje es mejor que abandone el barco y deje paso a otro capitán que enderece el rumbo para devolver a Cataluña a la senda de la legalidad.

La nueva andadura que comienza ahora tiene sus riesgos y se va a necesitar mucha altura de miras para afrontar este proceso y no errar el camino. Hay que partir de que el artículo 155 es una medida excepcional y como tal hay que aplicarla. El hecho de que las dos grandes formaciones políticas de este país se hayan puesto de acuerdo sobre su contenido, dejando a un lado sus diferencias ideológicas, es una buena noticia. Como asunto de Estado que es, se precisaba el consenso de PP y PSOE antes de tomar cualquier decisión. A ello hay que sumar a Ciudadanos y a otras fuerzas constitucionalistas como Coalición Canaria. Esta última ha abogado siempre por el diálogo, pero dentro del ámbito de la Carta Magna. La búsqueda de soluciones a los problemas de cada comunidad autónoma y, en definitiva, del conjunto del país, debe ser en un ambiente en el que reine la concordia y el interés general. También en esta ocasión es fundamental que no se pierdan de vista estas máximas. El objetivo es recuperar la normalidad en Cataluña y convocar elecciones cuanto antes, para que el pueblo exponga qué ruta quiere tomar. Ojo no vayan a convertir este periodo en una larga campaña electoral.