Tras la presentación del proyecto de Presupuestos de 2018 para Canarias, que este año será de 8.239 millones de euros, lo que significa 938 más que en el 2017, cada consejero ha comparecido en el Parlamento para explicar los objetivos principales de sus áreas y los recursos con los que contarán el próximo año.

Esta semana, como portavoz del Grupo Popular en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, he tenido la oportunidad, por un lado, de escuchar al consejero del ramo, Narvay Quintero, quien nos desgranó las líneas de actuación marcadas para los próximos meses y, por otro, de darle nuestra visión sobre cómo se deben utilizar estos fondos.

Lo cierto y atendiendo sólo a las cifras, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias gestionará apenas un 1,47 por ciento del total del presupuesto. Es decir, si esta área se mantiene es gracias a los recursos que recibimos tanto del Gobierno del Estado como de la Unión Europea.

Dice el refrán que con estos mimbres toca hacer el cesto, y de ahí que le hayamos pedido al consejero que establezca todas las medidas necesarias para diversificar nuestra economía, volviendo a mirar para nuestro campo y para nuestro mar, no sólo como fórmula de autoabastecimiento, sino también para generar empleo.

La población activa en Canarias supera el millón de personas, de las cuales 750.000 se concentran en el sector servicios. En cambio, hay apenas 20.500 personas ocupadas en el sector primario, según los datos ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a junio de 2017.

No hay duda, por tanto, de que hay margen para el crecimiento. Si a eso le añadimos el hecho de que 90.000 de las 130.000 hectáreas de suelo agrícola que tenemos en Canarias no se cultivan, comprobamos cómo las posibilidades de expansión son aún mayores.

Mejorar la gestión de nuestro suelo agrario y favorecer que nuevos empresarios exploten los que tenemos sin cultivar deben ser objetivos irrenunciables. Más aún cuando contamos con un nuevo instrumento que nos ayuda: la Ley del Suelo. Para lograrlo es necesario contagiar a los técnicos de un espíritu agrícola porque alguno todavía es reacio a permitir instalar en los municipios aquello que nos da de comer.

En una Comunidad Autónoma que recibe más de ocho millones de turistas, limitar la actividad agrícola y pesquera es algo que no podemos consentir. Porque hablar de sector primario es hablar de paisaje, pero también de productos frescos y de economía circular. Es una forma de ganar todos y entre todos, y de profesionalizar cada uno de los eslabones de la cadena.

Tenemos que realizar todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha una Estrategia de Producción, Distribución y Comercialización de Productos Agrarios, Agroalimentarios y Pesqueros que impulse y fomente el consumo de nuestros productos seguros, saludables y de calidad.

Contamos con medios para lograrlo, ya que Canarias recibirá de la Unión Europea más de cuatro mil millones de euros de los diferentes fondos comunitarios. Debemos ser diligentes y eficaces con estas ayudas para que el campo y el mar canario no pierdan ni un solo euro. No podemos llegar a septiembre de 2018 y que el grado de ejecución de esta Consejería sea de un 38 por ciento como ha pasado este año.

Sobre todo cuando tenemos un gran problema con el agua, que salvamos gracias al Convenio de Obras Hidráulicas, ya que de los casi ocho millones recogidos en estas cuentas, casi siete los aporta el Estado, y mientras tanto los Cabildos no priorizan en inversiones hidráulicas de interés agrario.

Es un problema grave porque puede llegar el momento en el que a los agricultores no les valdrá la pena seguir regando. Alguien del sector me hizo esta reflexión que les comparto: el problema de las generaciones futuras llegará cuando el recibo del agua cueste más que el de la luz, porque podremos volver a las velas, pero sin agua será imposible vivir.