Durante los años de la crisis, la Administración central practicó con Canarias una política maquiavélica: redujo los fondos que se destinaban a las islas conscientes de que la autonomía tendría que afrontar esos gastos de su propio pecunio. Y así fue. Durante años, los canarios soportaron sobre la recaudación de impuestos propios obligaciones que eran del Estado.
Desde tiempo inmemorial Canarias fue entendida por la metropolis como un archipiélago lejano y complejo donde no tenía sentido aplicar las mismas reglas que en el resto de la España continental. Por eso se le otorgaron condiciones especiales, entre las que figuraba un régimen fiscal propio. En vez de recaudar y llevarse la pasta, la Hacienda nacional la dejaba en las arcas de las haciendas locales. Era una manera directa de ayudar a los ciudadanos que vivían en las islas.
Los primeros en abjurar de ese acervo propio fuimos los canarios, que en el proceso de integración en la Unión Europea nos dejamos por el camino las libertades fiscales al consumo y las exenciones aduaneras a las importaciones. En Madrid se lo tomaron como un hábito y los funcionarios de la administración central empezaron a aplicarnos el reglamento vigente.
La idea del PSOE de que Canarias compense con su propio dinero las miserables pensiones no contributivas parte de las mejores intenciones, porque en las islas tenemos más de cuarenta mil pensionistas que malviven con unos ingresos manifiestamente insuficientes. Pero supone una anomalía. La obligación de atender a los pensionistas es de un Estado fracasado, que ha sido incapaz de garantizar que sus ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas condiciones de vida y la misma calidad en los servicios públicos.
El sistema de pensiones español va camino del despeñadero. Los partidos políticos, ocupados y preocupados por los asuntos electorales y los juegos florales de Cataluña, no han reunido el pacto de Toledo para meterle mano a la quiebra de uno de los pilares del estado del bienestar. La solución para este enorme problema de supervivencia no es fácil. Para el PP se encuentra en la creación de más y más empleo, para que los nuevos trabajadores coticen y sostengan a los jubilados. Pero el crecimiento no marcha a la misma velocidad que los gastos que hay que atender, la caja de las pensiones está vacía y los bajos salarios no llegan para apuntalar una recuperación de los ingresos por cotizaciones.
A lo que nos enfrentamos no es a un problema exclusivo de Canarias, sino de España. Y desde esa perspectiva, proponer que busquemos una solución de urgencia por nuestra cuenta y a nuestro cargo es una especie de declaración de soberanía unilateral por la vía de hacer de tonto útil sustituyendo las obligaciones de la administración central. Dentro de poco, si seguimos así, el problema no van a ser las pensiones no contributivas. El problema será que habrá pensiones miserables para todo el mundo.