En los primeros meses de funcionamiento de la nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de Canarias, hemos apreciado evidentes deficiencias para su compatibilización con los planes insulares de ordenación. Uno de los principales aspectos que preocupa al Cabildo de Tenerife es el que se refiere a la regulación de los usos del suelo rústico.
Por este motivo, nos hemos reunido recientemente con los 31 municipios de la Isla para conocer cómo ha sido este proceso de adaptación a la nueva Ley y trabajar conjuntamente en criterios de homogenización de usos en suelo rústico.
Las administraciones públicas deben trabajar conjuntamente para que se estudien estas ordenanzas de una manera horizontal y participativa, y que entre todos los agentes implicados sean capaces de sacar adelante conclusiones útiles y simplificar esta regulación hasta que los planes insulares de ordenación se ajusten a la nueva normativa.
Una vez más, defendemos que el órgano administrativo que debería regular este proceso es la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente, perteneciente a la Federación Canaria de Municipios, la Fecam. Contamos con las herramientas necesarias y sólo hay que marcar el camino.
Nuestro siguiente paso ha sido redactar una carta formal a la presidenta de dicha Comisión, María Concepción Brito, también alcaldesa de Candelaria, para celebrar lo antes posible este debate de interés insular y aplicar medidas de urgencia que den una salida a la gestión del territorio rústico.
Desde el Cabildo de Tenerife queremos poner el foco en la necesidad de delimitar las reservas del suelo y los criterios para actividades agrícolas, industriales y otras que sean de interés estratégico para la Isla. Todos estos aspectos requieren de un plan de acción inmediato para procurar que todas las localidades tengan las mismas condiciones.
No queremos quedarnos de brazos cruzados mientras los ayuntamientos se quedan sin voz. Tomamos la iniciativa, al igual que hemos hecho con la puesta en funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife. De hecho, somos la primera Corporación insular que ofrece esta posibilidad, incluso antes de que el Gobierno de Canarias desarrolle su propio reglamento.
Una vez más, asumimos el papel de intermediario entre las administraciones y recogemos el testigo de todos los municipios que se ven superados por esta nueva Ley, a la que aún le faltan vueltas de tuerca para ser un verdadero avance en la gestión.
*Consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife