Es una costumbre ya instalada que los procedimientos judiciales tengan un juicio paralelo que se desarrolla en los medios de comunicación. Es ahí donde se ventila una especie de precuela de la instrucción de los sumarios y de las sesiones judiciales, pero con la diferencia, nada despreciable, de que en los medios y en las redes no existen garantías procesales, ni presunción de inocencia, ni madre que te parió.

Ese ambiente enrarecido suele crear un clima de opinión antes de que los jueces entiendan las causas. De hecho, la "alarma social", un concepto incorporado por los tribunales en sus argumentos jurídicos, encuentra su perfecto caldo de cultivo en esa sobreexposición mediática que termina impregnando -y tal vez influyendo- los sumarios antes de que aterricen en los juzgados.

El llamado caso Grúas afecta al presidente del Gobierno de Canarias y es, por lo tanto, un caso menor donde existe una presa de "caza mayor". El asunto va de que el ayuntamiento salvó a la empresa que prestaba un servicio público inyectándole pasta, pero sin que le costase finalmente un duro al erario público. No parece gran cosa, pero el sinsentido en el que estamos instalados y la judicialización de la vida política hacen que a cualquier alcalde o concejal se le puedan caer los palos del sombrajo sin necesidad de meter la mano en la lata del gofio. Hay gente metida entre rejas por, en el peor de los casos, haberse equivocado en un procedimiento administrativo, sin que se hayan birlado un céntimo.

La jueza que instruyó el sumario del caso Grúas decidió archivarlo porque no encontraba indicios de actividad delictiva. Y entonces aparece la Audiencia Provincial de Tenerife, que ordena reabrir el sumario porque entiende que no se han practicado toda las diligencias necesarias. Todas las que afectarían a una posible acusación a Clavijo, claro. Entonces la jueza, es de suponer que algo mosqueada, remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el sumario con el auto de la Audiencia, y le pasa la pelota al alto tribunal, que es el que se ocupa de las causas cuando, como en el caso del presidente, alguien está aforado. Ahora, la Fiscalía del TSJC se dirige a la jueza para indicarle que con lo que les ha mandado no hay nada que rascar. Y es de suponer que, como seguirá habiendo nada, la jueza les vuelva a contestar que les ha enviado lo que tiene y que resuelvan lo que les salga de sus ilustres puñetas.

Estamos ante un conato de enredo judicial. Una pelota que va rebotando de un sitio para otro. No se sabe muy bien qué hechos nuevos llevaron a la Audiencia a ordenar que se reabriera lo que un juzgado determinó que procedía cerrar. Puede que sólo sea que la Justicia no es ciega, sino tuerta. Y que por el ojo que tiene abierto lee la prensa.