El pasado lunes comenzó el año 2018 y se abrió el calendario con un aluvión de cifras que cuentan los días por millones de euros, unos invertidos y otros prometidos; unas estadísticas frías para el vecino de a pie, más preocupado por su economía doméstica, inversamente proporcional a los ingresos que lleva a casa. El miércoles se hizo pública la evolución del mercado laboral en Canarias de enero a diciembre pasado: el Archipiélago registró 31.000 empleos más y acabó con 13.000 desempleados menos; ahora el Gobierno autonómico se propone bajar de los 200.000 parados. El presidente Clavijo admite que "la crisis sigue ahí y hay muchas familias que siguen pasándolo mal", y consideraría un "éxito rotundo" cerrar este año con un paro del 20 por ciento. De ahí su deseo de que se creen 20.000 puestos de trabajo este año, activando políticas de empleo, como la inversión de 27,4 millones de euros en formar y contratar a 2.000 parados, precisamente en uno de los segmentos de población más castigados en el mercado laboral: los jóvenes y personas sin cualificación. Tanta cifra puede parecer un aluvión de números, como bolas salidas del bombo de la lotería, pero es precisa una respuesta inmediata a miles de familias que soportan una crisis que comenzó hace ya once años. Ni promesas, ni balances. Solo gestión, que no se quede en una carta a los reyes magos sino que se traduzca en empleo de calidad, que el paro no se reduzca a costa de la precarización de nuevos puestos de trabajo indefinido, o contratos parciales que en realidad son a jornada completa. De ahí también la necesidad de activar cuanto antes la inversión pública, "paralizada durante años de la crisis", como ha denunciado esta semana el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Es preciso aunar esfuerzos entre todos, entre lo público y lo privado, para afrontar de una vez por todas un próspero futuro, que no sea una mera felicitación de Fin de Año.

Una de las fórmulas para activar la economía es la obra pública, y si encima beneficia a empresas canarias, como plantea el presidente de la federación de constructores de la provincia tinerfeña, mejor aún. Es necesario que el nuevo convenio de carreteras sea una realidad, y no un recurso en el discurso del Gobierno central cuando se refiere a Canarias. En esta edición, el presidente del Cabildo de Tenerife cuestiona el retraso en la firma del nuevo acuerdo entre los ejecutivos nacional y autonómico y, lo que es peor, advierte de que pone en riesgo la licitación del carril Bus-VAO de la Autopista del Norte y del tercer carril de la TF-1. Aplazar la solución definitiva es sinónimo de más colas. Es necesario altura de miras, pasar sobre los colores políticos y, con el Teide por bandera, juntos, gestionar con vocación de servicio para el ciudadano de a pie: la firma del convenio de carreteras se traduciría en la contratación de empresas -bajo la estricta legalidad-, generación de puestos de trabajo y, encima, una inversión a largo plazo: la más que anhelada solución a las carreteras de Tenerife. Es cuestión de buena voluntad, mejor gestión, siempre pensado en el vecino, para facilitar un futuro mejor.