Han quedado atrás los últimos días de un año francamente complicado para la gran mayoría de españoles, que, entre otras amenidades, ha experimentado lo que significa que una orquesta esté bajo la batuta de un director que apenas distingue los cuatro espacios y las cinco líneas del pentagrama político-económico. Este director no es otro que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien con su pausada labor ha trastocado casi todo y nos ha dejado los bolsillos llenos de quebrantos, aunque los últimos números del Ministerio de Empleo propalen el espejismo de que "la cosa va bien". Ha ido bien, sí, en las afiliaciones a la Seguridad Social (más de 600.000), soslayando, sin embargo, la enorme deuda pública, 1,133 billones y los 18 millones de empleos basura que algunos se atreven a calificar como de "precarios". Los afines se han apresurado a definir la situación como altamente positiva, evitando así cualquier mención al endiablado tablero catalán, de difícil solución, con bicefalia enigmática: una cabeza (es un decir) en Bruselas y otra (es otro decir) entre rejas. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el espinoso asunto Junqueras: seguirá donde está. Las expectativas llegan rodeadas de unas incertidumbres que el Ejecutivo estatal no ha sabido ni ha podido despejar. Nada claro, pues, ante los españoles estupefactos que asisten a un esperpéntico sainete sobre el independentismo, el soberanismo, la corrupción total y, sobre todo, a un absoluto adoctrinamiento perfectamente diseñado hacia aquel pueblo al que la burguesía catalana ha venido manipulando y amaestrando durante tiempo inmemorial, maniobras consentidas y toleradas por todos los gobiernos estatales desde la Transición (fianza de 500.000 euros depositados por el hijo mayor de los Pujol después de una "rebaja" negociada de dos millones y medio).

Desde luego, o al presidente Rajoy, después de sus largas caminatas matinales, se le olvidan los temas políticos cotidianos, o su equipo económico no le pone al corriente de lo que sucede en nuestro país. Un día después de que el Gobierno, con las alharacas acostumbradas, haya difundido los últimos datos sobre Empleo y Seguridad Social, llega el Consejo de Europa y, aprovechando el paso desde Oriente de los Reyes Magos, regala a España un montón de obsequios-realidades que habían permanecido bajo un riguroso silencio con el fin de no empañar el último manifiesto positivo. Resulta que España, el Gobierno (los españoles estamos en Babia), no ha cumplido con ninguna de las ¡once medidas! que Europa había propuesto para luchar contra la corrupción. Es lo que se desprende del informe del citado Consejo, que ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones "globalmente insatisfactorio". Este informe hace hincapié en tres ámbitos: el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial y la Fiscalía, donde no se han aplicado todas las medidas necesarias. Reconoce que en el Congreso se utilizaron dos de las prevenciones, pero otras dos se dejaron de lado. En el Poder Judicial ocurrió lo mismo y en la Fiscalía se abordaron tres iniciativas. Asimismo, el Consejo reconoce que las elecciones de 2015 y 2016 fueron determinantes para llegar a un "estancamiento político", lo que condujo a dificultar una "reforma efectiva". Termina alertando que esa etapa concluyó y que llegó la hora de actuar.

Europa recuerda que, en 2016, el Congreso promovió una comisión para la auditoría de la "calidad democrática", la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, pero, igualmente, el Consejo cree que "ninguno de los intentos ha tenido éxito hasta la fecha". También apunta hacia una regulación en las relaciones entre diputados y "lobbies", concretando que el PP continuaba reuniéndose con grupos de interés. Formidable.

Europa valora el cambio en la designación y funciones del Consejo General del Poder Judicial y que España esté planteando que sus doce miembros sean designados por los jueces y no por los partidos, consiguiéndose así la confianza de la gente en el sistema judicial. En cuanto a los altos cargos en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, recomienda garantizar que "estos nombramientos no arrojen dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso". Por lo que respecta a la Fiscalía, el Consejo recuerda a España que debe mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia en sus comunicaciones con el Gobierno y en dotarle de una mayor autonomía financiera.

Por estas tierras son conocidas las múltiples maniobras que han finalizado con reprobaciones, colocación de fiscales afines?, lo que ha terminado con una importante erosión de la institución. España ha respondido que durante 2018 informará de las acciones a llevar a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial. Un diagnóstico, en fin, desconocido para el común.