Desde que se pusiera en marcha, en 2015, la prisión permanente revisable, sólo era aplicable para ocho supuestos de delitos graves. Ahora este listado se amplía para incluir el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, el asesinato tras secuestro, la violación en serie, la violación a un menor tras haber sido privado de libertad o torturado y, finalmente, a las muertes ocasionadas por incendios, estragos o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

En la actualidad, países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros, utilizan ya una figura como la que incorpora nuestro país al Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, y que sin lugar a dudas es una herramienta eficaz para evitar delitos y reincidencias de los condenados por determinados quebrantamientos.

No podemos justificar que un asesino condenado por un crimen recupere la libertad en unos pocos años cuando acumula una o varias condenas firmes por mucho más tiempo. Es algo a lo que el Partido Popular se niega de manera tajante y rotunda, y bajo ese argumento defiende a ultranza la continuidad de pena de prisión permanente revisable. Defendemos las condenas firmes y justas, al igual que hacen y reclaman millones de ciudadanos cuando leen o ven en los medios de comunicación determinados casos verdaderamente sangrantes. Les aseguramos que hay mucho dolor en juego. Mucho.

La contrarreforma legal que determinadas fuerzas políticas de la izquierda y populistas quieren llevar a cabo podría significar un auténtico varapalo, por cuanto piden suprimir la prisión permanente revisable de nuestro Código Penal. Craso error.

La figura de la prisión permanente revisable, incorporada al vigente Código Penal, es la respuesta firme, proporcionada y plenamente constitucional frente a aquellos condenados por crímenes que, al quedar sin efecto la llamada doctrina Parot, se beneficiaron, sin el menor arrepentimiento, de los mecanismos de reducción de pena y, de esa forma, recobraron la libertad después de unos pocos años de privación.

Algunos de estos criminales volvieron a delinquir al poco tiempo de volver a la calle, algo que nos lleva a tener la imperiosa necesidad de tener un mecanismo que mantenga en prisión a los asesinos y abusadores de personas vulnerables, como los menores, a violadores que matan a sus víctimas, o a los terroristas, sin que puedan ver reducida su pena acudiendo a beneficios penitenciarios.

La prisión permanente revisable, que no cadena perpetua, establece un tiempo de privación de libertad que no se puede reducir para salir en libertad provisional, poniendo en manos de la Justicia cada uno de los casos para verificar fehacientemente si se dan o no las condiciones de arrepentimiento y reinserción en la sociedad, teniendo unas garantías de que no reincidirán en los delitos por los que fueron condenados.

Los ciudadanos no queremos más resignación ante la reincidencia de delitos execrables que requieren del máximo reproche penal y social. Una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social que generan. Se trata de usar la justicia en favor de la sociedad. Sin más.

Y es que en nuestra sociedad no podemos seguir permitiendo que los delincuentes gocen de una libertad que no garantice el que no reincidirán, mientras que las familias de las víctimas estén condenadas de por vida a un dolor crónico. De por vida.

No podemos permitir que los criminales se puedan aprovechar de un ordenamiento jurídico que a la vista de los hechos se revela en ocasiones permisivo y tolerante con aquellos que representan una amenaza real para el conjunto de la sociedad.

Recordar que la pena de prisión permanente revisable está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Penal Internacional, avalada por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, y además funcionando en otros países europeos.

No juguemos con el dolor de los nuestros. De los españoles víctimas de estos delitos. Protejamos a nuestros menores y a todos los ciudadanos de ser víctimas de atrocidades, porque son ellos los que nos lo reclaman. No hagamos política con el dolor de los demás.

*Senador por Tenerife. Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Laguna