Santa Cruz de Tenerife, toda España, disfrutó la semana maravillosa de Carnaval en la que dejamos por unos días las preocupaciones y somos otra persona por unas horas. Quiero agradecer a nuestras agrupaciones, diseñadores y modistas, al brillante tejido empresarial de nuestra capital, a su organización en el Ayuntamiento y a quienes han puesto su granito de arena que, un año más, hayamos dado ejemplo de seguridad y sana diversión.

Estemos en época de fiesta o no, la realidad no nos da tregua. Es bueno tomar un respiro, poner distancia con los problemas, pero nunca perder de vista todo aquello por lo que merece la pena luchar.

Málaga ha sido testigo de un nuevo caso de violencia de género. Treinta puñaladas recibió Adela de su agresor, un hombre de 48 años al que había conocido por internet, con siete denuncias por agredir a dos parejas anteriores, arrestado en seis ocasiones por malos tratos y diversas órdenes de alejamiento. En sus diez perfiles distintos en internet acumulaba más de 500 contactos, todas mujeres.

Hablábamos sobre el asunto hace dos semanas en esta tribuna de EL DÍA, reclamando no solo la prisión permanente no revisable para estos casos, sino también la publicidad de las condenas firmes, incluyendo el nombre del maltratador. Esta medida requiere reformas legales ya solicitadas por asociaciones de juristas, con el ánimo de contribuir al aislamiento social del agresor, y que quizás en este desafortunado episodio nos hubiera permitido salvar a Adela.

Fueron muchas personas las que, después de leer aquel artículo, bajo el título "Sin Piedad", contactaron conmigo para que profundizásemos en una dimensión esencial de estos casos: la protección de los hijos e hijas de la víctima.

Cifras devastadoras: no solo los 23 menores que han sido asesinados por sus progenitores o sus parejas entre 2017 y 2013, sino los casi doscientos que fueron testigos del momento en que su propio padre o la pareja de su madre les arrebataba para siempre lo más grande, la mujer que les dio la vida.

Hay que ponerse en la piel de quienes tienen que testificar, cada vez que tienen que acercarse a una ventanilla o a la mesa de un agente o un especialista, y volver a explicar la tragedia vivida. Son niños que han pasado por un verdadero calvario, que arrastrarán esa imagen durísima el resto de sus días, y que de un día para otro tendrán que aprender a vivir sin su madre y también han perdido la referencia para siempre de la figura del padre.

Decenas de asociaciones de Canarias realizan una labor encomiable por las mujeres víctimas y por sus familias, y con todas me siento especialmente vinculada y afín. Destaco la iniciativa Todos Somos Guacy, cuyo empeño me permitió defender en el Parlamento de Canarias una iniciativa para dar apoyo estable y personalizado a estos casos.

Con el apoyo de todos los grupos políticos materializamos un logro de todos, instando al Gobierno de Canarias, junto a la FECAM, a modificar las diferentes ordenanzas municipales con el fin de incluir en el capítulo de exenciones y bonificaciones del IBI, la basura, o la plusvalía, y también en las tasas de comedor escolar, a los hijos de víctimas de violencia de género hasta que puedan demostrar con ingresos su independencia económica.

El trabajo de personas como Luz Marina Rodríguez y Ani Fumero, presidenta y vicepresidenta de Todos Somos Guacy, merece que nos comprometamos para evitar que estos menores añadan a sus pesadas cargas el afrontar el pago de impuestos, y les ayudemos a disfrutar de su niñez y juventud. En nuestra mano está ayudar a quienes merecen tener como única preocupación jugar y hacer la tarea del colegio.

Creo firmemente que debemos seguir dando nuevos pasos a favor de estos niños y niñas, con apoyo psicológico durante todo el tiempo que sea necesario, y también con medidas que garanticen su escolarización y su formación, para que en el futuro accedan al mercado laboral en las mejores condiciones.