La nueva ley de contratos públicos, que entró en vigor ayer, podrá ayudar a las pymes a acceder a las ofertas de contratación de las administraciones públicas, en las que han estado minusvaloradas a la hora de concursar en igualdad de facultades que las grandes empresas.
En ella se incorporan varias novedades que favorecen la competencia, haciendo una importante reforma en materia de tamaño de los proyectos, requisitos de solvencia y mejora administrativa de los procedimientos.
Por un lado, se obligará a publicar todas las licitaciones, a dividir en lotes los contratos, primará la oferta con mejor relación calidad/precio y no solo se restringirá a la oferta económica más ventajosa, permitirá el control de la morosidad de las adjudicatarias a sus proveedores y subcontratas y la relajación en los criterios de solvencia que dejaban prácticamente fuera a las pymes de estos procesos.
También debemos destacar la simplificación documental gracias a la declaración responsable que estará garantizada, al igual que las mejoras indicadas anteriormente, por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación que velará por la correcta aplicación de la ley, promover la concurrencia y combatir posibles ilegalidades.
De alguna manera, la Unión Europea y las pymes, que representan el 99% de las empresas de nuestro país, pedían igualdad de oportunidades para acceder a las licitaciones públicas, sobre todo del sector local, donde apenas competían con las grandes empresas.
Comienza un camino que permitirá consolidar la confianza de las empresas, ayudando a estas a crear empleo de manera sostenible a corto y medio plazo, yendo de la mano Administración pública, grandes empresas, pymes y autónomos, que podrán acceder a las licitaciones geográficamente más cercanas y podrán expandirse a medida que acumulen experiencia y vigor económico.
*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC)