Aunque se nos diga reiteradamente que estamos saliendo de la crisis y que dentro de poco tiempo casi todo tornará a su cauce, a una "normalidad" donde el ciudadano de a pie -mayormente la clase media que es la que siempre tira de la economía de este país-, volverá a encontrar al fin un puesto de trabajo, aunque sea con un sueldo de mileurista, para contribuir a que los jubilados sigan cobrando sus pensiones, aunque estos sigan perdiendo a todas luces poder adquisitivo, la mayoría de los retirados no se lo creen.
Existen dudas, dudas más que razonables porque la realidad es tozuda y no siempre va pareja con el razonamiento político, y aun menos con los deseos de un colectivo que ve mermado su futuro más inmediato, que es el único que les queda a los que tienen ya cierta edad. Algo se está haciendo mal; esto es más que evidente. La clase política hace tiempo que no da con la clave para poder conciliar la vida familiar con el derecho al trabajo. España se está convirtiendo en un país de viejos, donde nuestros mayores han deicidio vivir más años; y, además, se da la singularidad de que mueren más españoles de los que nacen; de hecho, el índice de fecundidad es de 1,4 hijos por mujer.
Por consiguiente, la pirámide de edad ha cambiado drásticamente y, donde hace tiempo había una ratio de cuatro y hasta de tres trabajadores por cada retirado, ahora vamos por dos cotizantes por pensionista. Lo cual nos demuestra la fragilidad de un equilibrio que hace tambalear la esperanza de muchos pensionistas actuales -y no digamos ya de los futuros que se vallan integrando al sistema-, a la hora de cobrar sus pensiones. Y eso que todavía no ha llegado la denominada generación del "Baby Boom", los nacidos entre 1957 y 1977, que constituyeron los años de mayor explosión de natalidad habida en España, y que pronto comenzarán a jubilarse. Menos mal que Canarias es de las regiones que más vienen contribuyendo a mejorar/equilibrar el superávit de la Seguridad Social y, a la vez, es la comunidad autónoma que menos déficit aporta; aunque, paradojas de la vida, sus pensionistas sean los que menos cobren.
Las cifras no engañan y los hechos menos aún: En 2007 se alcanzó el techo de cotizantes; y ya entonces se puso la alarma sobre la inviabilidad del sistema. Al año siguiente, comenzaron a caer las cotizaciones. En 2009 y tras la caída de cerca de 350.000 afiliados a la Seguridad Social, ya se vislumbró el riesgo que corría el superávit de la caja de las pensiones. De hecho, al siguiente año se produjo el primer déficit. Y comenzado 2011, el PSOE de Zapatero, además de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, no tuvo más remedio que congelar las pensiones; hacia 2013, el déficit rondaba ya los 14.000 millones de euros; para llegar a 2017 donde se acabó drásticamente con el fondo de reserva.
Mientras tanto, el Gobierno del PP decidió no seguir vinculando el aumento de las pensiones al IPC, y sustituirlo por una subida tasada del 0,25%. Pero en este 2018 todo ha explotado. Los partidos políticos, pero sobre todo la izquierda populista, incluido el podemizado PSOE de Pedro Sánchez, han visto el mundo abierto y la posibilidad de pescar votos en este río revuelto y convulso, donde les da igual si se trata de pensionistas o de la movilización feminista, o de repartir naciones entre el pluralismo autonómico, el caso es que todos ellos saben que los jubilados representan nada menos que el 24,6% del censo electoral y no se pueden permitir el lujo de ignorarlos.
El futuro no se ve claro. En todo caso se vislumbra que más temprano que tarde habrá que acometer severas medidas para al final tener que pagar más para cobrar menos. Dentro del actual sistema, la verdadera solución es hacer más reformas para que la productividad dé un salto y puedan crecer de manera sostenible tanto el empleo como los salarios.
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