Que nadie se llame a engaño: el deseo de reformar el sistema electoral en Canarias obedece a la intención de los grandes partidos políticos de favorecer sus listas obteniendo más diputados en las islas capitalinas. Hablan una y otra vez de la necesidad de aumentar la "calidad democrática" en las Islas. La Democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Cualquier sistema que permita a los ciudadanos elegir a sus representantes es perfectamente democrático.

Cuando se pregunta por qué se plantea ahora la reforma, la respuesta es que el actual sistema electoral se hizo hace tres décadas y que la proporción de la población en el Archipiélago ha cambiado. Eso no es verdad.

En los años ochenta, cuando se discutió el Estatuto de Autonomía de Canarias y se pactó el sistema electoral por el que los ciudadanos elegirían a sus sesenta diputados, las dos islas mayores contaban aproximadamente con el 86% de la población del Archipiélago, es decir 1.187.000 personas sobre 1.367.000 habitantes de toda Canarias. Con esa proporción y esa población se estableció el sistema de la triple paridad. Casi cuarenta años después, esa proporción no sólo se mantiene, sino que ha disminuido. En la actualidad las dos islas mayores tienen un porcentaje menor sobre la población total de Canarias, 1.737.000 sobre un total de 2.108.000 personas. Es decir, el 82% de la población, cuatro puntos menos que en los años ochenta.

Quienes dicen que hay que reformar el sistema porque la población ha crecido en las islas mayores y ha aumentado la desproporción, no están diciendo la verdad.

Los fundadores de la Autonomía y la Democracia en Canarias hicieron un trabajo de orfebrería para conseguir un sistema perfecto. Se discriminó positivamente a los habitantes de las islas no capitalinas y se consiguió un perfecto equilibrio entre las dos provincias. El Archipiélago se construyó desde el respeto a la realidad insular y desde el equilibrio y la paridad entre todos. Por eso, somos la única comunidad española que tiene dos capitales en vez de una.

Hoy vivimos tiempos en los que, no sólo admitimos sino que luchamos por tomar medidas que discriminen positivamente a determinados colectivos. No se legisla por cuántos son aquellos que lo requieren, sino por la necesidad de ponerlos en situación de igualdad con el resto de la sociedad. Ocurre en materia de inserción laboral, en la protección de los derechos de determinadas minorías o en cualquier otro terreno donde la voluntad política debe prevalecer sobre el puro número. A pesar de esta evidencia, la voracidad política y la ambición por el poder ha llevado a algunos partidos a promover ruptura de las normas fundacionales de Canarias, que han funcionado a lo largo de los años.

En un acto de egoísmo sin precedentes, los grandes partidos quieren tener más diputados allí donde cosechan más votos. Es el centralismo canario, que tan bien conocemos en las islas no capitalinas, donde algunos sólo acuden de cuatro en cuatro años, cuando hay elecciones. La falta de poder y de implantación de algunas fuerzas políticas se quiere sortear a través de aumentar el número de escaños de Tenerife y Gran Canaria. Con más diputados ya no habrá que temer al peso de las cinco islas de la periferia.

No sólo pretenden cargarse las bases sobre las que se fundó la Autonomía. Quieren aumentar el tamaño del Parlamento cuando lo que todos los ciudadanos piden es que hagamos exactamente lo contrario; que reduzcamos el peso de las cargas públicas.

La reforma del sistema electoral canario es un grave error. No existe nada más democrático e igualitario que la solidaridad y el equilibrio. Los fundadores de la Autonomía crearon un Parlamento que se basa, precisamente, en esos dos principios. El factor de la población y el derecho ciudadano al voto se fundió en Canarias con el peso de las Islas, sencillamente porque somos un Archipiélago. Y la única manera de entender una realidad geográfica como la nuestra es a través de las islas. Quienes proponen liquidar el pacto fundacional y desequilibrar la representación de las islas menores frente a las mayores, están proponiendo la muerte de una Canarias de iguales.

*Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias