Fruto de los gobiernos socialistas tuvimos uno de los sistemas educativos con más equidad del mundo. Tal es así que en la actualidad podemos ver ingenieros, médicos, profesores cuyos abuelos ni siquiera pudieron ir a la escuela.
Y no hablo de tiempos tan lejanos. Por ejemplo, mi padre no pudo cursar estudios superiores porque en su casa no había recursos para ello y, a pesar de querer y tener capacidades para continuar, tuvo que ir a trabajar siendo muy joven después de cursar los estudios primarios. Sin embargo, por la política de becas de gobiernos socialistas su hija pudo hacer una licenciatura. Fue un gran avance de la democracia en España.
Pero con la llegada del Gobierno del Partido Popular en el año 2011 se produce una involución como consecuencia de unas políticas orientadas precisamente a limitar las oportunidades de estudio a toda persona que no disponga de recursos suficientes para poder costearlas. Legisló tres reales decretos que han supuesto alejarnos de Europa en cuanto a las matrículas universitarias.
El Real Decreto 14/2012, de 20 de abril ha creado un sistema universitario más desigual, incluso entre los distintos territorios de España. Ha habido un aumento de los precios de una forma desorbitada, lo que ha hecho que más de un millón de alumnos se vean ahora perjudicados por las matrículas. Y no solo eso, sino que ha introducido un factor de experimentalidad, es decir se paga más por las carreras o grados más técnicos, alertando incluso el Observatorio del Sistema Universitario que esto no tiene ningún sentido. Dándose el caso de que incluso haya estudiantes que aún queriendo hacer una carrera técnica se vean obligados a optar por otra carrera menos experimental pero que las matrículas sean más baratas. Y es que las diferencias pueden ser de hasta 2.000 euros. No es fruto de la casualidad que España sea el quinto país con las matrículas más caras de toda Europa.
Debido a la situación económica de muchísimas familias, no olvidemos que España, según los datos de Eurostat, es el tercer país con mayor porcentaje de ocupados en situación de pobreza, muchos jóvenes compatibilizan sus estudios con trabajos para poder ir tirando, teniendo mucho menos tiempo para estudiar. Si suspenden alguna asignatura y tienen que repetirla deberán pagar casi el doble por esa asignatura. Algo que no tiene ningún sentido. No se debe vincular los precios públicos de las matrículas al rendimiento escolar. Incluso este decreto introduce una diferencia entre los precios de las matrículas de grado y de máster, siendo más caras estas últimas.
Y por si esto fuera poco, otro castigo para los universitarios y universitarias de este país viene de la mano del Real Decreto 43/2015 donde se implanta el 3+2 o el 4+1; lo que obliga a los universitarios a cursar dos años de máster o uno respectivamente para completar su formación. Es decir, se han recortado años de carrera oficial para que se tenga que complementar la formación con másteres a precio de oro, lo que sin lugar a dudas limita la formación y la empleabilidad de las personas con menos recursos.
Mientras el Gobierno del PP legislaba estos reales decretos que han castigado a los y las universitarias y, sobre todo, a las personas con menos recursos, salen a la luz noticias relacionadas con cargos públicos del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid y su título de máster por el que nunca fue a clase ni se examinó, o en Canarias la modificación del perfil que aparecía en el portal del Parlamento de Canarias del líder del PP en las islas donde el pasado 5 de abril, después de destaparse el escándalo Cifuentes, desapareció su título universitario de Estudios Avanzados en Historia del Pensamiento Político.
Hace unos meses preguntaba al secretario de Estado de Educación, Formación y Universidades, Marín Hellín, "¿Cómo van a hacer las familias para pagar los másteres más caros de Europa? ¿Qué va a hacer el Gobierno para que alumnos, como Javier, no tengan que abandonar sus estudios o puedan acceder a un máster?", haciendo referencia a una entrevista publicada en prensa el 21 de mayo de 2017. En Canarias, conocemos dicha situación ya que tenemos muchísimos y muchísimas jóvenes que han tenido que abandonar los estudios, en una comunidad donde más del 40% de la población está en riesgo de pobreza y con la mayor tasa de desempleo de España.
La próxima pregunta que me gustaría hacerle es la que todos nos hacemos y que tiene que ver con los episodios que estamos viviendo y se han destapado con el caso de Cifuentes "¿cómo creen que ha afectado el caso Cifuentes al prestigio de la universidad pública?".
Para los socialistas la universidad pública es una institución de una gran importancia para la sociedad, con grandes repercusiones en la economía, la competitividad de nuestro país, nuestro desarrollo y nuestra capacidad investigadora. La universidad pública es una institución imprescindible para la sociedad por lo que es reprobable que altos dirigentes del PP hayan lanzado dudas sobre la universidad pública en relación al caso Cifuentes, haciendo un tremendo daño a la imagen y devaluando títulos que a la mayoría le ha costado mucho esfuerzo lograr. Por eso los que creemos en lo público ponemos en valor la inmensa aportación de la universidad a nuestro bienestar y desarrollo, y exigimos medidas contundentes ante los que mienten y falsean, lo que ha indignado a buena parte de la sociedad española. Y como dije hace una semana en sesión plenaria en el Senado, dirigiéndome a las señorías del PP, la gente corriente no encuentra mensualmente sobres de dinero sobre la mesa de la cocina, la gente corriente se esfuerza mucho para hacer un máster mientras a otros parece que se los dan en una tómbola o les sale en un huevo kinder.
Si hace unos días hablaba de como el Gobierno no cree en el sistema público de pensiones y trata de arruinarlo para que tengan cabida los sistemas privados, aquí vemos como tampoco cree en un sistema público de educación. Buscan un sistema elitista sólo para la clase alta haciéndolo prohibitivo para el resto incluso despreciando las universidades públicas. Por un lado suben las tasas universitarias y por otro devalúan los títulos al no condenar los fraudes.
*Senadora del PSOE por Tenerife