Así se hacía llamar un grupo constituido por cinco sujetos a los que, al parecer, les gustaba ir de corridas a lo largo de España. Corridas delante de los corredores que iban delante de los toros; corridas en las plazas al efecto; corridas en cualquier lugar que se terciase. Es de lamentar que los susodichos no se hayan visto favorecidos de ser tratados, cual morlacos en la arena, con los tercios correspondientes de varas, banderillas y estoque; y, en su caso, con descabello. Ahí sí les cabría el orgullo de "manada".
Como la pólvora, se ha extendido la deflagración que ha supuesto la sentencia que sobre tales sujetos ha recaído dictada por el tribunal correspondiente de la Audiencia de Navarra. ¡Viva San Fermín! dirán, que les ha echado el capote para que la cornada no sea tan grave como cabía prever. El caso es que la tal sentencia, y desde luego el voto particular de uno de los jueces (que al decir del ministro de Justicia pudiera colegirse que no está en sus cabales), ha dado la vuelta al mundo con la rapidez que imprime la cibernética en las redes. Nueve años de prisión para cada uno de los cinco sujetos e indemnización solidaria de 50.000 euros con que pagar los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima. Años que, con nuestro sistema de garantías, se verán reducidos a poco que se apliquen aquellos individuos a un comportamiento aceptable en el trullo.
Respecto de dicha sentencia, se me plantea una consideración que no veo reflejada. Uno de los cinco de la manada era guardia civil y sin embargo el castigo es igual que para los otros cuatro. Y a mí me parece que tal condición debiera ser un serio agravante considerado el momento de los hechos. Un guardia civil es un agente de la autoridad durante las 24 horas del día; su objetivo principal es la protección del ciudadano y la persecución y arresto del delincuente. En el caso que nos ocupa, y al parecer en algún otro, su comportamiento fue justo lo contrario: colaborar en la agresión sexual a una joven ciudadana. No sé si a estas alturas la Benemérita lo habrá arrojado lejos de la institución. Pero en el momento de los hechos lo era.
No será la primera vez que me refiera al fárrago de las leyes que nuestro legislativo, antes y ahora, produce. No se debería montar el número de protestas ante los jueces que han dictado una sentencia en aplicación de la ley. Es contra el poder legislativo a quien deben dirigirse los dardos. Y es, fundamentalmente, contra esos diputados que se montan en la ola de las protestas cuando lo que tienen que hacer es poner trabajo y conocimiento en legislar bien.