En Gran Canaria, y más en concreto en su Cabildo, continúan con la matraquilla de que el Gobierno de Canarias no les trata como se merecen, todo lo contrario, según dicen, a lo que pasa con Tenerife. Para justificar su planteamiento, hace casi tres años pusieron en marcha la Comisión de Desequilibrios de Gran Canaria, cuyas conclusiones fueron aprobadas el pasado 27 de abril por los grupos que sustentan ahora mismo al gobierno de la Corporación insular (Nueva Canarias y PSOE), así como los dos no adscritos. Pese a compartir que existen desequilibrios, PP, Unidos por Gran Canaria y Podemos se abstuvieron, y el único consejero de CC votó no, al entender que el documento ofrece una opinión sesgada. El dictamen de la citada comisión señala que entre 2001 y 2017 la Isla ha perdido 321 millones en relación con Tenerife y que solo en la presente legislatura han recibido 120 millones menos en inversiones y transferencias. A la hora de analizar el documento y las declaraciones efectuadas por las distintas formaciones políticas, llaman poderosamente la atención, no obstante, dos cuestiones. Por un lado, las quejas vertidas por NC y PSOE acerca de la dificultad encontrada para acceder a datos oficiales del Ejecutivo canario y, por otro, que como refrendo a las conclusiones de la Institución insular, se aporte un informe de la Confederación Canaria de Empresarios, patronal de la provincia de Las Palmas -al parecer, tuvo más suerte y sí pudo recopilar todas las cifras oficiales-, que muestra una desventaja presupuestaria con respecto a Gran Canaria de 3.415 millones de euros, diez veces más de lo apuntado por el Cabildo. ¿Quién da más?

Las quejas llegan también al origen de los miembros del actual Gobierno canario, ya que a juicio de la Comisión de Desequilibrios de Gran Canaria, la distribución territorial de cargos públicos intermedios es una de las desigualdades más destacadas, pues Gran Canaria dispone del 29% frente al 53% de Tenerife, lo que implica una clara concentración de los mandos de poder, situación que determina la adopción de decisiones por parte del Ejecutivo. He aquí una de las claves del maltrato que reciben. ¿Habrá que preguntarle al vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, nacido en Telde, si las inversiones de su departamento, por ejemplo en carreteras, dependen de su partida de nacimiento, tal y como señalan sus coterráneos?

La celebración, el pasado día 3 de mayo, de la 25ª edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa ha coincidido con el ruido generado en las redes sociales por una controvertida decisión judicial. Una buena oportunidad para poner en valor el papel de los medios de comunicación, que además de servir de freno y contrapeso al poder, tal y como señalaba el tema global elegido este año para la conmemoración, han de ofrecer la prudencia y sensatez que tantas veces se echa de menos en la red. Es preciso recordar que a la labor de informar se suma la de formar y que, para ello, nada mejor que escuchar más, leer más y comprender más.