Con eso de que se va a aprobar un nuevo texto en el Congreso, a todo el mundo le está dando últimamente la matraquilla de hablar del Régimen Económico y Fiscal. Que si el REF para arriba. Que si el REF para abajo. Le han salido más plumas que a la casa Parker. Pero desgraciadamente nos queda poco de lo que hablar.

Canarias, desde que llegaron los conquistadores, con una cruz en el pecho y una espada escondida en el trasero, ha tenido una realidad económica y fiscal diferente a la del resto de España. Al principio con matices, según las islas y el tipo de conquista, y luego con carácter general. Las relaciones con la metrópolis eran complicadas y estaban marcadas por la enorme distancia que nos separa. Si hoy es un coñazo viajar, imagínense ustedes cómo sería en los tiempos de la vela. No es extraño que en las Islas hayamos tenido hasta un pequeño periodo con moneda propia, como si fuéramos un país soberano. El sueño de un Puigdemont guanche.

Con el paso de los años, esa realidad diferente se fue encajando de diferentes maneras en un Estado que atravesó muchas vicisitudes, desde monarquías a repúblicas pasando por abundantes dictaduras. Pero en todos estos regímenes, tan distintos y distantes, Canarias mantuvo sus especialidades. Tan solo hubo un periodo de treinta años, de 1820 a 1850, en que Madrid aplicó cargas fiscales iguales a las peninsulares, causando la ruina y la pobreza de Canarias y disparando una emigración masiva de sus habitantes. El disgusto local fue de tal intensidad que muchos hicieron suya la reflexión de Alonso de Nava y Grimón de que las Islas "solo políticamente se pueden considerar como un miembro de la Monarquía española" (Antonio M. Macías, Revisiones y Provocaciones).

Aquel desastre acabó con el famoso decreto de Bravo Murillo que restituyó las libertades comerciales y estableció un sistema de Puertos Francos. La prosperidad económica volvió a las Islas, pero nada dura eternamente.

Llegó la dictadura franquista, que mantuvo algunas cosas y cambió otras sin necesidad de esfuerzo legislador, sino con el ordeno y mando totalitario de ministros y funcionarios. La arribada a la década de los setenta nos trajo nubarrones de tormenta. Francisco Fernández Ordóñez, secretario de Estado, estaba cociendo en los hornos de Madrid un proyecto para "normalizar" y actualizar el extraño régimen canario superviviente. Se peleó para salvarlo. Y de ahí salió la Ley de Régimen Económico y Fiscal de 1972 que marcó para muchos canarios el fin de la libertad comercial y del librecambismo. Fue en efecto un recorte muy profundo al régimen de libertades del Archipiélago. Pero seguimos siendo "singulares". Con impuestos propios y menor presión fiscal. Así que seguimos creciendo.

Y es que la muerte casi definitiva de los fueros isleños no fue un asesinato, sino un suicidio. Cuando España se integró en la Unión Europea, pasó de un régimen proteccionista a uno de mayores libertades comerciales dentro del ámbito de la comunidad de países europeos. A Canarias lo que se le propuso fue lo contrario: que renunciara a comerciar libremente con el mundo y se colara dentro de la "unión aduanera" comunitaria. A cambio nos daban un cómodo colchón de ayudas de Estado y subvenciones al desarrollo, para compensar el encarecimiento de la vida que se produciría en las Islas.

Canarias no se podía quedar, de ninguna manera, con una pata dentro y otra fuera de los mercados europeos, porque se corría el peligro de que se establecieran aquí plataformas manufactureras que importaran materias primas que, elaboradas en las Islas, entrarían como Pedro por su casa hacia los mercados comunitarios. Era el caso, por ejemplo, de la floreciente industria del tabaco ya difunta y enterrada vergonzosamente por sindicatos y patronos. Era o dentro o fuera. Y nos metimos dentro.

De todo aquello, lo que nos resta -y no es poco- son los impuestos canarios. Lo que se recauda por el consumo en nuestras islas se queda en las Islas en el bolsillo de cabildos y ayuntamientos. Sirven para financiar la lejanía y la insularidad de Canarias, como hecho singular y herencia histórica. La otra parte del pacto, la de las ayudas especiales y los instrumentos comunitarios, o ha menguado espectacularmente o está a expensas de los recortes de los gobernantes de turno, que abren o cierran el grifo en función de intereses políticos y coyunturales.

Los fueros vascos son un privilegio histórico. La fiscalidad especial canaria es una necesidad histórica. Una cuestión de pura supervivencia. Es la única manera en que los dos millones de ciudadanos que viven aquí pueden arañar la posibilidad de vivir como europeos. Que algún gobierno haya tenido o tenga la tentación de recortarlos demuestra hasta qué punto se puede ser eso que aquí llamamos "godo".