La aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se ha hecho esperar -hoy es 20 de mayo-, pero no importa, pues a tenor de las informaciones que a modo de píldora van mandando desde Madrid las distintas fuerzas políticas, será algo parecido al maná que Dios envió durante cuarenta años al pueblo hebreo mientras deambulaba por el desierto. Al anunciado incremento del 50 al 75% del descuento en los billetes de avión y barco para aquellos residentes que viajen entre Canarias y la Península, calificado como "logro histórico", hay que sumar un amplio listado de acuerdos que, en forma de enmiendas, incrementarán de forma considerable el montante incluido en las cuentas estatales que el ministro Montoro envió en su día al Congreso. Treinta millones para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, otros cincuenta para elevar la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, etc. Pero junto a los aspectos monetarios también hay cuestiones que merecen ser destacadas, pues no cabe duda de que tienen una gran trascendencia para el devenir de los canarios. El apoyo a los Presupuestos Generales del Estado por parte de las formaciones nacionalistas lleva aparejado, por ejemplo, que los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal no se tengan en cuenta en la fórmula de cálculo del sistema de financiación, que el descuento del 75% en los billetes quede anclado en el REF, al igual que la obligatoriedad de que los PGE incluyan una partida anual para luchar contra la pobreza mientras los indicadores de exclusión social de las Islas estén por encima de la media. Incluso se ha logrado que los recursos que no lleguen a ejecutarse en el periodo de vigencia de los presupuestos se incorporen como remanente en las cuentas del siguiente año. Un aspecto muy importante teniendo en cuenta que las cuentas de 2018 entrarán en vigor a finales de junio. Ahora solo hace falta que todo lo dicho hasta aquí redunde en el bienestar de todos los habitantes del Archipiélago.

Los datos del Barómetro Sanitario 2017, publicado por el Ministerio esta semana, reflejan, entre otras cuestiones, que pese a las críticas vertidas desde distintos ámbitos, la sanidad pública es del agrado de más del 85% de los canarios, aunque también que son los más proclives, si está en su mano, a ser tratados en la medicina privada antes que en la pública. Hay un dato, sin embargo, que llama poderosamente la atención, y es que un 11,3% de los encuestados en las Islas ha dejado de tomar algún medicamento, recetado por un médico de la sanidad pública, en los últimos doce meses, porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. He aquí un asunto del que se habla poco, tanto en el Parlamento como por los distintos colectivos que componen las plataformas en defensa de la sanidad pública. Deberían prestarle mayor atención.

La dimisión del presidente del Consejo Rector de RadioTelevisiónCanaria (RTVC), además de llamar a la reflexión sobre lo ocurrido desde su nombramiento, debe servir de acicate para garantizar la prestación de un servicio público como el que realiza la RTVC, así como salvaguardar el empleo de sus trabajadores. De lo contrario, estaríamos ante el mayor fracaso político de esta legislatura por parte del Parlamento.