Y de los dependientes. A día de hoy no parece que eso vaya a suceder, a la vista de las decepcionantes, paupérrimas cifras de altas en el sistema de Dependencia de los últimos meses. Imposible decidir qué es más lamentable, si los números en sí o el modo en que el Gobierno saca pecho de su gestión, una gestión que debería avergonzarles porque es impropia de un Ejecutivo con un mínimo de respeto y empatía por los ciudadanos para los que gobierna.
En enero, menos 59 (díganme cómo de bien hay que hacerlo para que te salgan las cifras negativas); en febrero, 147; en marzo, 107; en abril 185. Echen las cuentas y verán que a ese paso no se alcanza un ritmo anual aceptable. Bajo la gestión de los socialistas, con Patricia Hernández al frente de la Consejería de Bienestar Social, el sistema llegó a alcanzar incluso las 500 altas mensuales, en un año se lograron 4.000. ¿Con una varita mágica? No. Con seriedad, con rigor, con la responsabilidad de gobernar para todos y de procurar el cumplimiento efectivo de los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en el ordenamiento legal.
Porque esa es otra y no se insiste bastante. La atención a la Dependencia no es un favor del Gobierno. No es un detalle. Es un derecho que asiste a los ciudadanos, en especial a un colectivo afectado de una singular y muy delicada vulnerabilidad. Las personas en situación de Dependencia y sus familias escalan a diario una pronunciada cuesta cuando todos los demás caminamos en llano, y todas las herramientas legales a su alcance para facilitarles la vida deben ser activadas y puestas en marcha con celeridad y sin dilaciones.
Quienes han sido dados de alta en el sistema de atención a la Dependencia desde enero son en su mayoría personas que llevaban más de cinco años esperando a que el Gobierno se digne a hacer efectivo un derecho que es suyo por ley. Durante ese tiempo, quienes se hacen cargo, abrumadoramente, de estas personas son mujeres: madres, hijas, hermanas, esposas, novias? Porque el cuidado, ya se sabe, y la condición femenina han ido atados a lo largo de toda la Historia, y porque se espera de ellas que así lo hagan. Y mientras no lo hace el Gobierno, ellas no sólo cargan con tareas constantes y esfuerzos físicos y psíquicos que las sobrepasan, sino que además pierden la oportunidad de cotizar para su jubilación. Y así las encontrará la ancianidad: agotadas, pobres y solas, porque el Gobierno, tan dado a fastos y a obras, nunca las miró a ellas con la atención debida.
Hay en Canarias 10.725 personas con su valoración hecha y con el grado de Dependencia asignado, esperando. Hay otras 10.000 con la paciencia consumida, porque ni siquiera esa valoración se les ha hecho. Más de 20.000 personas, más de 20.000 familias, pendientes de una notificación que les dé un poco de alivio. De una plaza en un centro donde profesionales formados y entregados, qué suerte contar con ellos, den la atención que sus familiares merecen. Y con este Gobierno de Canarias, esa notificación sólo se demora más y más.
Ojalá algún día el Gobierno se acuerde de la Dependencia, y le dé los recursos materiales y humanos para gestionarla con eficacia y agilidad, sin que más personas mueran sin ver reconocidos sus derechos. Nos venden un presupuesto regional fabuloso que nos va a colmar de inversiones. ¿Por qué no invertir en el bienestar de los más débiles?
*Secretaria de Bienestar Social del PSC-PSOE de Tenerife y directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife