Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de las familias creció en 2017 al mayor ritmo en una década. Una buena noticia, incluso para aquellos escépticos que niegan, categóricamente, que el crecimiento económico llegue a las familias.

El gasto por hogar fue de 29.188 euros anuales, o lo que lo mismo, un 3,5% de incremento con respecto al año pasado, en parte por la subida de la inflación (mala para la capacidad de gasto y ahorro, buena para la comodidad a la hora de pagar las deudas a medio y largo plazo), pero sobre todo porque hemos comprado más coches nuevos, hemos salido más a comer y cenar fuera, hemos vuelto a disfrutar de más ocio y hemos viajado más.

El dinero que ingresan las familias españolas lo dedican a pagar la vivienda y los gastos vinculados con ella, como la electricidad y el agua (30%). En comida y bebida gastamos un 14% y casi un 13% en transporte, como media.

Luego, cuanto menor renta tenga la familia, la incidencia de estos gastos es más importante y puede llegar hasta el 40% de los ingresos destinados a la vivienda. Y un 20% a comida y bebida.

Eso sí, también tenemos que tener en cuenta que el gasto medio por persona es de 11.726 euros en el conjunto del Estado, mientras que en Canarias solo llega a 9.304 euros, debido a que la actividad por cuenta ajena principal tiene una retribución baja por dedicarnos mayoritariamente al sector de hostelería y servicios de insuficiente valor añadido.

Se abre una puerta con el acuerdo entre empresarios y sindicatos para garantizar a corto plazo que el salario más bajo se sitúe en 14.000 euros anuales, que ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias si se hace en los plazos correctos, para no retroceder en competitividad económica y empresarial, nos ayudará a seguir mejorando económica y socialmente.

Hay muchas propuestas y amenazas económicas encima de la mesa, como el aumento de cotizaciones sociales a las empresas y trabajadores, el parón de la nueva y más justa financiación económica y planes de inversión pública de las que cuelgan serias expectativas de inversión en infraestructuras estratégicas y empleo que podrían verse truncadas, el más que probable aumento del precio del petróleo o de los tipos de interés y la falta de un plan de choque efectivo contra la economía sumergida que ya la sitúan los expertos en el 23% de la actividad económica.

Una situación que encarece el esfuerzo fiscal de las familias por insolidario y que es necesario afrontar de manera urgente. No se trata de crecer sino de hacerlo con equidad.

*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC)