Aun corriendo el riesgo de resultar pesados, conviene insistir una semana más en el mensaje lanzado hace siete días en esta misma columna: Canarias no debe bajar la guardia en lo que se refiere a la defensa de sus derechos y oportunidades, pues los hechos confirman que los temores expresados por EL DÍA no son infundados, sino todo lo contrario. Al culebrón del descuento del 75% en el transporte aéreo y marítimo entre las Islas y la Península, que se hará efectivo mañana, después de varias semanas de tiras y aflojas con Fomento, le han venido a reemplazar las pegas puestas por el recién creado Ministerio de Transición Ecológica para suscribir el convenio de Obras Hidráulicas, que debería ser rubricado este mismo mes. A juicio de este departamento del Gobierno de Pedro Sánchez, la partida de 40 millones de euros, incluida en los presupuestos generales del Estado de 2018 para este fin, debe sufrir un recorte de 14 millones, el mismo importe de dos infraestructuras aún pendientes de ejecución que provienen del convenio anterior, pero cuyas obras están en marcha y con el dinero comprometido. ¿Se trata de un error de los técnicos estatales o una simple estratagema para demorar "sine die" la firma del convenio, teniendo en cuenta que ese retraso generaría bastantes dificultades para gastar la cantidad acordada, al no dar tiempo de tramitar todos los expedientes? Resulta, cuanto menos curioso, las facilidades que desde La Moncloa se le están dando a otras comunidades autónomas, véase, por ejemplo, País Vasco y Cataluña, mientras a Canarias solo le surgen obstáculos. Urge un encuentro al más alto nivel entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y su homólogo en Canarias, Fernando Clavijo, para despejar dudas y dejar claro que en las Islas no estamos dispuestos a que se nos minusvalore.

Atentos habrá que estar también al convenio de Carreteras, como bien reclamaba el jueves el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, quien además de exigir su firma, recordaba al consejero de Obras Públicas del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, la necesidad de que se ponga "manos a la obra" para sacar adelante el enlace de Las Chafiras-Oroteanda, la ampliación del tercer carril de San Isidro a Las Américas en la TF-1 y la culminación del anillo insular. Tampoco aquí se entiende la diligencia que existe para algunos trabajos cuando se refiere a Gran Canaria y, sin embargo, la lentitud con que se tramitan los expedientes referidos a Tenerife. No hay que olvidar la última promesa realizada por el titular de Obras Públicas sobre la actuación en Las Chafiras, cuya licitación fijó para antes del mes de agosto. Se le está acabando el plazo y no hay noticias de que el compromiso se vaya a hacer realidad.

Hay que desear éxito a la estrategia puesta en marcha por las organizaciones empresariales y sindicales de las Islas, así como el Gobierno canario, para lograr que el empleo en el Archipiélago sea más estable y de mayor calidad. No cabe duda de que la consecución de dichos objetivos redundará en un mayor bienestar de todos los residentes en Canarias.