Muchos de nosotros utilizamos reloj, aunque no sabemos realmente cómo funciona. Lo mismo que nos ocurre con un teléfono móvil o el motor de nuestro coche. Hay cosas que necesitamos -algunas casi imprescindibles- que en gran medida desconocemos. Esta semana pasada ha sido el impulso final para dos leyes que se están renovando en Madrid, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Régimen Económico y Fiscal, que serán el mecanismo de funcionamiento de esta Comunidad Autónoma. Son tan importantes que sin ellas la vida en Canarias no sería igual.

El Estado ha terminado admitiendo que Canarias es una tierra singular y especial. Y que los dos millones de ciudadanos que viven aquí deben hacer frente a una serie de sobrecostos derivados de nuestra lejanía y nuestra insularidad. Para compensar esa situación, el Gobierno central decidió, muchos años atrás, dejar de cobrar una serie de impuestos en Canarias para que se los quedaran los ciudadanos que vivían aquí. Fue el estímulo que se dio para promover el interés hacia Canarias y el atractivo de vivir en las islas.

Lo que es el IVA en Península se llama IGIC en Canarias. Es el impuesto que grava el consumo. Allí es del 21% en el tipo general. En Canarias del 7%. Hay menor presión fiscal sobre las cosas que consumimos -comida, bebida, transporte, servicios...- pero además la recaudación de ese impuesto se queda en las islas para ayudar a financiar las haciendas locales y autonómicas.

Ese es uno de los primeros efectos de la Ley del REF. Pero hay muchos más. Si ahora tenemos una subvención del 75% en los precios del transporte a Península es porque esas especialidades fueron reconocidas. Si pagamos la luz al mismo precio que en el resto del Estado es por lo mismo. Casi todo en las islas, desde la energía a los planes de empleo, cuenta con el respaldo de un tratamiento singular por parte del Estado. Fue así hace desde hace muchas décadas y sigue siendo así hoy.

Pero hasta ahora los canarios teníamos un gran problema. En momentos determinados de la vida de España el gobierno de turno suspendía o alteraba esa situación excepcional de Canarias. Pasó en el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, y la pobreza se adueñó de las islas. Hubo hambrunas y la gente tuvo que emigrar hacia otros países buscando escapar de la miseria. A los pocos años se comprobó la metedura de pata y se volvió, gracias a Bravo Murillo, al régimen especial para las islas. Con la dictadura franquista pasó algo similar, hasta que en 1972 se concedió a las islas una Ley de Régimen Económico y Fiscal especial. No llegó a tanto como en estos casos anteriores -por poco- pero durante la pasada crisis que empezó en 2008, a Canarias se le recortaron ayudas, se le quitó financiación y se estranguló toda posibilidad de progreso.

La "vieja ley del REF" establecía que en los presupuestos generales de cada año el Gobierno peninsular no podía invertir en Canarias menos de la media de lo que invertía en el resto de España. Pero esa "protección" no sirvió para nada. La ley se incumplía, porque la Ley de Presupuestos era de igual rango de la del REF. Ahora, con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, eso ya no será posible. El régimen especial canario está jurídicamente "blindado" y el gobierno de turno no podrá hacer lo que le dé la gana. Porque si lo hace será una ilegalidad.

La revelación parlamentaria de este año, Ana Oramas, lo dijo absolutamente emocionada -y emocionándonos a muchos- en el Congreso. Este Estatuto de Autonomía es como el nacimiento de una nueva Canarias con mayores competencias y mejores posibilidades de ser responsable de su futuro. Es el trabajo de muchos, sin duda, pero sobre todo es obra del moderno nacionalismo canario que ha demostrado que dentro de la Constitución se puede conseguir el mayor nivel de autogobierno. Un nacionalismo incluyente, que no cultiva la deslealtad y que no trabaja para la desunión, sino para la unidad y el diálogo. Esas fueron las palabras de la valiente diputada canaria que con mayor fuerza ha defendido a las islas en esta legislatura.

Solo por haber logrado estas dos leyes, la legislatura de Coalición Canaria tendría sentido. Porque hemos logrado consolidar importantísimos derechos de los canarios en Madrid. Derechos que ya no dependerán del capricho o la voluntad del gobierno de turno, sino que serán de obligado cumplimiento. Esta semana hemos conseguido algo muy importante después de mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero no es el final del camino, es el principio.

* Presidente del Cabildo de Tenerife