Esta semana, el presidente Fernando Clavijo avanzaba que Gobierno de Canarias ha comenzado la tarea de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 y que, a comienzos de octubre, empezarán las negociaciones con los grupos parlamentarios para consensuarlos.

Explicaba que se trabaja, un año más, en un presupuesto expansivo y en la idea de continuar en la senda, iniciada en con los presupuestos de este año, de ir incorporando progresivamente rebajas fiscales que no comprometan los servicios públicos esenciales.

La primera rebaja fiscal, después de muchos años, se llevó a cabo este año, en el que el Gobierno de Canarias comenzó a aplicar deducciones y bajadas de impuestos selectivas destinadas a reducir la carga tributaria que soportan las familias, los profesionales autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

Muchos canarios, en su declaración del IRPF de este año, han podido repercutir deducciones a las familias con personas con discapacidad o dependientes; las obras de adaptación de la vivienda a la discapacidad; deducciones a las familias monoparentales con hijos menores o mayores con discapacidad a cargo y por acogimiento de un menor; deducción en gastos de guardería y los gastos de libros, material escolar, transporte y uniformes; deducciones en los honorarios de profesionales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades; deducción de los gastos de dentista, oculista, embarazo y parto, accidentes o invalidez, gafas o lentillas; un incremento del 50% en la deducción sobre las donaciones a ONG con fines sociales y ecológicos así como la deducción sobre donaciones con fines culturales y de investigación.

Asimismo, se ha producido la reducción del IGIC a las sillas de ruedas, monturas de gafas graduadas y su eliminación en el caso de los productos de higiene femenina; la rebaja del 7% al 3% del IGIC para la compra de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años, e idéntica reducción para las obras de reforma y mejora de la vivienda habitual; además de la deducción en las obras que contribuyan a la eficiencia energética de las viviendas habituales. También la factura telefónica se ha visto reducida con la rebaja del 7 al 3% del IGIC, tanto para fijos como para móviles, una medida que beneficia tanto a familias como a profesionales, y en la creación del Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional que garantiza que autónomos, pequeñas pymes y profesionales que no facturen más de 30.000 euros queden exentos del IGIC.

La voluntad del Gobierno es continuar adoptando medidas destinadas a aliviar la economía de las familias con rentas más bajas y que se puedan notar directamente en los bolsillos de los ciudadanos.

Sin embargo, a la hora de elaborar el próximo presupuesto, no hay que perder de vista los condicionantes y las incertidumbres a las que nos enfrentamos. Ya lo ha dicho el presidente Clavijo, "si el nuevo presupuesto no mejora la vida de los canarios prorrogaremos el actual".

El principal condicionante a posibles rebajas del IGIC viene dado por su repercusión, no sólo en las cuentas autonómicas, sino también en las cuentas de ayuntamientos y cabildos que verían reducidos sus ingresos por esta vía y que seguirán mermando si no se modifica la regla de gasto y los límites del déficit.

En el terreno de las incertidumbres está por despejar la incógnita del "brexit" y cómo afectará a la economía canaria, especialmente en el sector de la exportación agrícola y en el turístico. Este último sector también se enfrenta a la incertidumbre de cómo encajar la progresiva recuperación de los mercados competidores con el consecuente descenso de los turistas que recibimos.

Pero la mayor incertidumbre deriva de la inestabilidad política con la sombra de un posible adelanto electoral en España o los continuos globos sonda a los que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez. El último, el anuncio de una reforma constitucional para eliminar los aforamientos, sin que el Gobierno de España se decida a afrontar los verdaderos problemas y las decisiones que afectan y repercuten directamente en los ciudadanos: la reforma del sistema de financiación autonómica, la modificación de la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas poder aplicar el superávit a financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales y finalmente poner fecha y hora para la firma de los convenios Canarias-Estado y desbloquear las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado de este año.

Un escenario incierto, sin duda, con el que el Gobierno de Canarias y el grupo parlamentario nacionalista trabajan, contemplando todas las posibilidades y mecanismos que impidan que los canarios y canarias pierdan calidad de vida.

*Diputada de CC en el Parlamento de Canarias