Canarias está terminando su apresurado galope final para aprobar un Estatuto que lleva más de una década danzando por las instituciones. Pero resulta que Canarias no es el Parlamento, que es solo su representación institucional. Esta tierra es su pueblo: esos dos millones y pico de personas que viven perfectamente enajenadas e ignorantes de qué es la Ley que va a marcar la vida de sus hijos y nietos.

De todos los argumentos que manejó Podemos -que se opuso a la nueva ley- el único realmente indiscutible es que la nueva norma se está aprobando sin contar con el respaldo de los canarios. Una coña porque en el texto de la futura ley se contempla que cualquier modificación futura debe hacerse tras una preceptiva consulta vinculante con los ciudadanos. Los canarios de pasado mañana tendrán una oportunidad que a los de hoy les ha sido hurtada.

Las prisas por aprobar un Estatuto que lleva tantísimos años de vagabundeo por las Cortes obedecen a estos tiempos que vivimos. Existe el temor generalizado a que Pedro Sánchez, que habita en una pasmosa debilidad parlamentaria, convoque elecciones anticipadas. Es verdad que ha dicho una y otra vez que no lo hará. Pero resulta difícil creerle con la que está cayendo.

Por eso de las prisas, el Estatuto ha sido aceptado por algunos con cierta retranca, porque viene de la peluquería con un cambio de peinado. Los partidos de la oposición en Canarias, que no se entienden en nada, se han entendido en Madrid en la necesidad de darse el poder de cambiar la ley electoral. Algo que no podían hacer aquí. Es lo que va a permitir crear una lista regional de nueve escaños que se van a repartir entre Tenerife y Gran Canaria. Han sido capaces de asumir que los pongamos a parir por aumentar la plantilla de diputados y encarecer el gasto público porque el costo merece la pena. Con más diputados los grandes partidos pueden minimizar los efectos de la entrada de Ciudadanos en el Parlamento y contener el poder creciente de los partidos "insulares", como los socialistas gomeros de Curbelo. O eso creen.

Dentro del nuevo Estatuto se contempla la posibilidad de modificar las disposiciones electorales en Canarias con una mayoría de tres quintos del parlamento. Es decir, que con 36 votos se pueden cambiar las reglas del juego (antes se necesitaban dos tercios, o sea, 40 votos). No deja de ser una feliz "casualidad" que esos sean los votos con los que cuentan actualmente las fuerzas de la oposición que quieren cambiar la ley electoral. Con ellos, se han dejado la puerta abierta a regular esa lista regional en la que tienen depositadas sus esperanzas. Una lista que, dicho sea de paso, es un caramelo envenenado. Verán ustedes la que se va a liar cuando los cabezas de lista comprendan que el espíritu de "hacer Canarias" reclama que tengan que dar un paso adelante y retratarse en esa candidatura regional. Porque hay algunos líderes que tienen una aguda alergia a esa foto.