A nadie le amarga un dulce, aunque también tengo claro que no todos podemos atiborrarnos de lo que se nos antoje, ni tan siquiera que debamos hacerlo, anteponiendo la estrategia de la cigarra a la de la hormiga.

Hay una propuesta sobre la mesa para subir el salario mínimo en 2019 desde los 735,9 euros mensuales a los 900 euros, lo cual beneficiaría, en principio, a unos 106.000 canarios.

Nada que objetar a esa subida, ni a los 1.000 euros que se comprometen a subir empresarios y sindicatos en sus acuerdos para la negociación colectiva en 2020, siempre que vaya aparejado a una mejora de la productividad, en unos momentos en los que estamos a las puertas de una más que probable ralentización de la economía.

El coste para las empresas no es marginal ni fácilmente asumible, pues ascendería a 243,5 millones de euros anuales, o sea un 0,54% del PIB Canario, o lo que es lo mismo, casi la mitad de lo que representa todo el sector agrícola y pesquero en las Islas.

Por sí mismo, esta política económica nacional podría tener menos impacto en la economía ni no tuviéramos también que afrontar un alza de impuestos y una bajada de inversiones que rondará, en 2019, los diez mil millones de euros.

El efecto de una subida del salario mínimo puede derivar en una reducción de empleo que incrementaría los costes de paro, ayudas sociales etc., por lo que la medida podría anularse por sus propios efectos económicos perniciosos, e incluso empeorar la situación de la tasa de desempleo.

Además, una subida a las rentas medias y altas, en cotizaciones sociales, impuesto sobre la renta, patrimonio, transacciones financieras y a la economía digital (Tasa google) sacarán de la renta familiar una buena cantidad de ingresos que restará, directamente, al consumo interno, que es el factor que nos hace progresar en estos momentos.

Y aunque se puede aceptar que nuestro país puede subir su participación del sector público en su producto interior bruto (PIB), no es menos cierto que la senda no parece ser una política pasiva de empleo ni de carácter social que no lleve aparejada la eficiencia del gasto público junto con las transferencias autonómicas y municipales. Asignatura en la que aún no hemos sacado nuestra mejor nota.

Al igual que conseguir un aumento de rentas para las familias canarias que sea sostenible en el tiempo y minimice la posibilidad de futuras congelaciones salariales e incluso revisiones a la baja en un entorno nacional de incremento de la presión fiscal.

*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria