Aunque a veces se nos olvide, las leyes son los instrumentos que se aprueban para regular la vida en sociedad, para facilitar las actividades sociales y empresariales y para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Las palabras escritas en una norma no son otra cosa que la manera en que ejercemos nuestros derechos y asumimos nuestras obligaciones en el contrato social que da lugar al Estado del Bienestar: uno en el que nos hemos comprometido a que nadie, absolutamente nadie, se vea abandonado a su suerte.
Durante casi cuarenta años, Tenerife y Canarias han recorrido un camino que -aunque con adversidades- ha sido de bienestar y progreso. Y en gran medida ha sido posible porque hemos tenido normas que nos han permitido asumir nuevas responsabilidades y acercar la administración a los problemas reales de las personas. La autonomía canaria de comienzos de los años ochenta ha estado al servicio de la sociedad y la economía de nuestras islas y ha cumplido sobradamente sus expectativas.
La pasada semana, el Archipiélago ha dado un gran paso. Desde el respeto y la defensa de los valores de la Constitución, desde el diálogo y el esfuerzo, se ha conseguido un nuevo Estatuto de Autonomía que sirve de marco a una nueva Ley de Régimen Económico y Fiscal. Dos poderosas herramientas que permitirán al pueblo de estas islas profundizar en el autogobierno asumiendo mayores competencias y también mayores compromisos.
Desde hace años las instituciones de las Islas hemos venido trabajado y reclamando una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) que permita fomentar la creación de empleo y que esté vinculada al desarrollo económico de las Islas. En muchas ocasiones escuchamos a algunos partidos reclamar la necesidad de mayor gasto social y mayor inversión en bienestar. Esos recursos solo se pueden obtener si una economía es capaz de generar oportunidades de progreso.
Nuestras empresas -que son las que crean empleo- necesitan herramientas que faciliten su inversión en el exterior. Y nuestros estudiantes, que se están formando para ser los profesionales y emprendedores del mañana, deben tener la posibilidad de complementar su formación con experiencias en países cercanos y al contrario, los centros de formación de las Islas deberían ofrecerse como oportunidad para países de nuestro entorno. Esa movilidad produce transferencia de conocimientos y experiencias muy valiosas para el ejercicio futuro de las actividades profesionales.
La nueva ley de REF permite apostar por esa internacionalización de un segmento de nuestras empresas, permite bonificar la proyección exterior de los productores de las Islas y abre nuevas oportunidades tanto en nuestros propios mercados europeos como en el vecino continente africano.
Tenerife Se Mueve ha sido una de las plataformas en las que se ha trabajado, estudiado y promovido la reforma de las leyes que recogen la tradición fiscal de las Islas Canarias. Nuestra Ley de REF es la heredera directa del régimen de franquicias que durante siglos han tenido las Islas a través de distintos regímenes y con diferentes gobiernos. Este nuevo texto legal compromete al Estado a respetar el hecho de que los impuestos indirectos que se recaudan en las Islas están destinados a financiar a los ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma, para compensar el hecho de la lejanía y la insularidad de nuestro Archipiélago. Esto, que parece elemental, no siempre se ha respetado. Pero a partir de ahora, con el nuevo Estatuto, ese "hecho diferencial" canario tiene el mayor rango jurídico posible y nos permitirá estar razonablemente protegidos de los caprichos o arbitrariedades de un futuro gobierno peninsular que pretenda vulnerar los derechos consuetudinarios de Canarias.
Como pasa siempre con todas las leyes, no son los enunciados y las disposiciones las que cambian las cosas: son la sociedad y sus instituciones públicas y privadas las que lo hacen, a través del ejercicio de las acciones y las oportunidades que permiten esas normas. La Comunidad canaria adquiere más y mejores competencias en el mar que la circunda, nuevas herramientas para la defensa del medio ambiente o capacidad para regular e impulsar la independencia energética a través de la implantación de energías renovables.
Estas nuevas leyes son las herramientas que necesitamos para forjar un futuro mejor. Un futuro como el que nos dieron quienes impulsaron y aprobaron el Estatuto de 1982 y las sucesivas reformas de una ley que sustituyó al régimen de puertos francos, cuyo primer texto data de 1972. Desde entonces hasta hoy hemos recorrido un largo camino para tener mejores condiciones de vida y de progreso. Ahora empezaremos una nueva etapa con el mismo propósito y tal vez uno nuevo: que seamos capaces de progresar y desarrollarnos dejándoles a nuestros hijos una vida mejor, pero también una isla mejor, más cuidada e intacta en sus valores naturales.
*Presidente del Cabildo de Tenerife