Por primera vez en la historia, ni los interesados en contratar una hipoteca ni toda la banca en general saben cómo actuar, hasta que el Tribunal Supremo aclare lo que debe hacerse, en el pleno del próximo 5 de noviembre, es decir, quién tendrá que pagar el impuesto sobre la constitución de las hipotecas. Y es que la inseguridad jurídica se ha posado no solo sobre las entidades bancarias y clientes, sino en aquellas personas profesionales del derecho que no atinan a interpretar esta insólita decisión del Alto Tribunal. Por el momento, fuentes financieras afirman que únicamente se están firmando las hipotecas que ya estaban programadas desde bastante tiempo atrás. Existen unos datos que circulan en ámbitos interesados por lo que se intuye que los bancos podrían perder más de 20.000 millones de euros, y las evidencias comienzan a cruzarse. El panorama no es ideal para nadie.

En Davos, foro económico celebrado a principios de este año en Suiza, se informó del aumento de la riqueza extrema y su relación con las personas que, aun trabajando, viven en la pobreza, destapando que la economía del 1% más rico del mundo se construye a expensas de trabajos mal pagados, a menudo ocupados por mujeres "que reciben salarios miserables", mientras que el 82% del crecimiento de la riqueza mundial durante los últimos meses fue a parar a manos del 1% más rico, que incrementó su fortuna en ¡762.000! millones de dólares, cantidad suficiente -dice el informe- para terminar ¡siete veces! (otra vez los signos de exclamación) con la pobreza en el mundo. A España la sitúan como uno de los países de nuestro entorno donde la desigualdad más ha crecido desde el 2007, por detrás de Rumanía y Bulgaria. Los emolumentos de los altos directivos de las grandes empresas, incluida la banca, cobran de media 207 veces más que el sueldo mínimo de un empleado de sus empresas. Las retribuciones de los capitostes crecieron un 15% y la de los empleados un 0,3%. Estos datos, que pueden resultar farragosos, logran ser explicativos (el foro de Davos lo es) de la tendencia en el seno del Tribunal Supremo y en los lúgubres despachos de la banca. Si se realizara un cóctel con ellos, el fallo del próximo 5 de noviembre podría acercarse a una equidad que, al menos en nuestro país, no existe. Muy al contrario, los sobresueldos percibidos por impresentables que ahora descansan en diferentes trullos revelan hasta dónde puede llegar la vulgaridad de quienes han sido unos don nadie y se han adueñado de dineros que tenían que custodiar y no dilapidar. Ni siquiera acercarse a ellos.

La histórica decisión ha producido, pues, un generalizado revuelo entre los consumidores que vienen denunciando los constantes abusos de las entidades bancarias y que se encontraron con puertas abiertas que les daban la oportunidad de acceder a la recuperación de un dinero invertido con muchos sacrificios. Pero también sorprendió a la banca con el paso cambiado, ya que no esperaban que algunos acontecimientos influyeran en los balances ya prácticamente terminados. Lo que realmente extrañó la pasada semana fue la marcha atrás de una decisión tomada por el Tribunal Supremo, anunciando un nuevo fallo para el próximo día 5, fecha en la que se conocerá una resolución definitiva.

Fuentes jurídicas se han manifestado en el sentido de que es probable que el Supremo determine los efectos retroactivos que nacerán de la inmediata decisión. Pero afectaría a las administraciones tributarias, lo cual entraría dentro del mundo de lo razonable por los miles de millones que se barajan. Esta situación no significa que, a priori, se vaya a ayudar a la banca ni los efectos que tendría o no el fallo. Lo que sí ha trascendido es que Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han pedido la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo.

Por último, en este enrevesado asunto económico, el presidente del Supremo ha pedido perdón por esta crisis, manifestando que: "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda. Se ha provocado una desconfianza indebida en el Alto Tribunal y no puede más que sentirlo, lo sentimos todos". Añadió que pide "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión". También, Carlos Lesmes lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación y de que "no recibió ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". En su opinión, el Pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia y no después. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez-Picazo, con lo que coincide con la protesta de Jueces para la Democracia y Fiscales, aseguró que no le pedirá su dimisión. Sea cual fuere el esperado fallo, supondrá un caudal turbulento de opiniones encontradas al fracturarse la confianza en la justicia, a un posible apoyo a la banca (siempre ha sido así en España, con derechas o con izquierdas), y a un quebranto en las expectativas de los clientes bancarios. Claro que, visto lo visto, puede suceder lo contrario.