Estos días -y los que vienen- leerán ustedes muchas opiniones sobre el caso que afecta al presidente del Gobierno. Sus enemigos celebrarán que le hayan mandado a un juzgado de Tenerife a resolver sus asuntos pendientes con la justicia. Sus aliados destacarán la parcialidad con la que la justicia ha actuado contra él. El fuego cruzado de siempre.

Clavijo es el candidato de Coalición Canaria a las próximas elecciones. Y prescindiendo de la retórica, lo que le han hecho al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es un paseíllo jurídico. El inmenso poder de la Administración de la Justicia ha sido sabiamente utilizado para lanzarle a las procelosas aguas de un juzgado local, con lo que se asegura un espectáculo procesal que durará muchos meses. Los suficientes como para transformar su candidatura en un suplicio.

No es la primera vez -ni será la última- que asuntos de la política se ventilan en los tribunales. A Clavijo le acusan por una decisión tomada en su época de alcalde de La Laguna. Coalición Canaria ha practicado, en otras casos, un desleal desinterés por la suerte de los suyos que en este caso no se pueden permitir el lujo de hacer. Mirar para otro lado cuando te están dinamitando tu principal activo electoral sería un suicidio. Y las primeras reacciones apuntan a que esta vez el cordero no irá mansamente al matadero judicial.

El caso de Clavijo ya se cerró una vez. Un juzgado de Tenerife y un fiscal consideraron que no había delito. Pero llegó una "autoridad superior" y ordenó reabrir el caso. Y hacer otro informe. Y entonces -oh, misterio- sí se encontraron indicios de delito. Y la jueza que instruyó el caso en Tenerife lo mandó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es quien juzga a los aforados como Clavijo.

En el alto tribunal canario el asunto se queda en suspenso. Están esperando por un informe de la Fiscalía. Lo llegan a pedir hasta en tres ocasiones, dando plazos perentorios. Pero el informe no llega. El informe "desaparecido" lo hace el teniente fiscal, Demetrio Pintado, que se lo entrega a su jefe, el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido. Este lo manda a Madrid, donde lo visan y lo remiten de nuevo a Canarias. Pero nunca se va a conocer. Porque de Madrid viene también una orden: se esperan ustedes hasta que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía, porque entonces el caso "bajará" otra vez a un juzgado ordinario de Tenerife. Así que todo se congela en el tiempo y todo el mundo se pone a esperar hasta que cambie la ley.

Habrá debate jurídico y recursos, supongo, sobre si la pérdida sobrevenida del aforamiento afecta a asuntos que están ya "sub iudice" en el momento en que sale la nueva norma, sobre el principio de que las leyes que perjudican a los encausados no pueden tener efectos retroactivos. Pero esto no viene al caso de quienes no entendemos de leyes. Lo que nos debe interesar es cómo "se modula" el procedimiento.

Una de las cosas que más llaman la atención es escuchar que el informe elaborado es solo "un borrador". Porque lo que asombra precisamente es que ese "borrador" no se hiciera oficial y se quedara en un cajón, a pesar de que el tribunal lo pidiera hasta en tres ocasiones. El fiscal de Canarias, señor Garrido, comparó el informe con las columnas de los periodistas que son un borrador hasta que se publican. Es cierto, pero lo que no puede hacer un plumilla es guardarse la columna para hacerla ''oficial'' dos días después de que se ha publicado el periódico.

Si el TSJC hubiera entendido sobre la causa lo habría hecho sobre un informe de la Fiscalía en el que pudiera sostenerse que no hay materia para imputar al entonces alcalde. Es razonable pensar que la sala podría haber decidido darle carpetazo. Pero aún en el caso de que hiciera lo contrario, los tiempos no serían los mismos. Lo que se ha asegurado con este cambio de jurisdicción es que Clavijo tenga que afrontar una campaña electoral con el calvario de comparecer ante los medios entrando y saliendo de un juzgado, con independencia de cuál sea el final del caso.

Es de uso común que los partidos políticos, con causas abiertas, defiendan a priori la inocencia de sus políticos. Y donde los denunciantes dicen lo contrario. Es parte del juego sucio en que han convertido a la política. Pero en pocas ocasiones se podrá ver, tan clara y explícitamente, un manejo procesal tan evidente. Da igual que sea Clavijo o Juan de los Palotes. Diría lo mismo de cualquier candidato al que se le hubiera hecho un paseíllo tan clamoroso. Es un asunto muy feo.