El último artículo en EL DÍA lo dediqué al drama que para la mujer supone ser usado su cuerpo como una mercancía a través de la prostitución, y hoy abordo las enfermedades y lesiones que como consecuencia de ella acechan a la mujer que no tiene capacidad de protección. Según datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto en nuestro país como en la Unión Europea existen distintos tipos de prostitución, de tal forma que más del 90% proviene del tráfico sexual migratorio, controlado por las mafias del sexo, que mantienen a las mujeres en condiciones infrahumanas, y cada año incorpora nuevas esclavas sexuales, mientras que solo una minoría que no llega al 1% pertenece a la llamada prostitución de lujo, con alto nivel de vida.

Solo alrededor de un 5% ha elegido libremente esta actividad porque le gusta y la considera un trabajo como otro cualquiera. El resto afirma que lo hace por necesidad, porque no tiene otra salida para ganarse la vida, afirmando que no les gusta ni la quieren para sus hijas, ejerciendo como autónoma solo una minoría, mientras que la inmensa mayoría está controlada por mafias y proxenetas, ejerciendo unas en la calle y otras en clubes y locales de alterne, tal como denuncia Soledad Muruaga, presidenta y cofundadora de la Asociación Mujeres para la Salud.

En los países donde se ha legalizado la prostitución, la mayoría de las prostitutas no pueden o no quieren afiliarse a la Seguridad Social, bien por su condición de inmigrantes ilegales o porque no desean pagar la cotización, quedándose, por tanto, en cualquier caso, en situaciones de indefensión e ilegalidad frente al Estado y las mafias, y además, lo que resulta más grave todavía, sin protección sanitaria para prevenir o tratar una enfermedad, cuando es sabido los efectos tan perniciosos que para la salud puede acarrear el ejercicio de la prostitución, y así, al menos a 2 de cada 3 mujeres se les producen unas heridas emocionales tan traumáticas, que la depresión que de por sí afecta en general tres veces más a las mujeres que a los hombres, padeciéndola un 7% de la población femenina, se multiplica por 10 en el colectivo de mujeres prostituidas, llegando a ser un 70% las que sufren depresión, experimentando, además, en proporciones mucho mayores que las que no ejercen la prostitución, problemas de ansiedad, angustia, miedos y diferentes fobias, así como embarazos no deseados, lesiones vaginales, anales y óseas, son frecuentes los suicidios o intentos de suicidio, y tienen mayor riesgo de ser asesinadas, estando sometidas en mucha mayor medida a amenazas, maltratos, violaciones, abusos y humillaciones.

Dependiendo de los países, se aborda de distinta manera esta problemática, y así, por ejemplo, Suecia penaliza a los clientes y proxenetas, mientras que apoya a las prostitutas, que son consideradas como víctimas, y en Holanda se optó por su legalización, mientras en España existe cierta presión para legalizar la prostitución desde diversos sectores con influencia socioeconómica, con el argumento fácil de los impuestos que generaría su legalización, cuando en los países donde esta existe ha aumentado la prostitución ilegal y el tráfico de mujeres y niñas, y ni se han producido las afiliaciones que se esperaban a la Seguridad Social, ni se han alcanzado mejoras laborales.

En España se calcula que la explotación sexual de las mujeres mueve 3.700 millones de euros anuales. En 2017, la Policía identificó a unas 13.000 víctimas, y según datos de la Oficina de Naciones Unidas sobre Droga, Delito y la UE, "las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas detectadas en todo el mundo, y el 80% de las identificadas en Europa occidental, de las que el 95% acaban siendo explotadas por la prostitución, lo que pone de manifiesto la muy estrecha relación que hay entre la trata y la prostitución y un claro componente de género".

En el PSOE consideramos la explotación sexual como una forma de violencia de género y somos partidarios de la despenalización de la víctima, y de hecho se está trabajando en una iniciativa legislativa al respecto, para lo que es necesario revisar determinados aspectos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo el objetivo principal la protección de la mujer.

*Médico cirujano. Miembro de la Dirección del PSOE Canarias y coordinador federal de Sanidad del PSOE

jvicentegbethencourt@yahoo.es