La mayor parte de las decisiones que marcan nuestra vida las escogemos sin trazarnos un plan a largo plazo. La suerte influye, pero la vocación es lo que más determina el camino que recorremos. Me adentré en la política, y sigo en ella, porque creo que es la forma más eficaz de cambiar las cosas, de mejorar la vida de las personas. Siempre he centrado mis esfuerzos en el área social porque estoy convencida de que ese compromiso es más importante cuando se trata de romper la inercia de la pobreza. Me niego a aceptar que estamos condenados a que la precariedad se herede de padres a hijos, algo que en estas islas, por su historia y su lejanía, todavía ocurre. Ese cambio se consigue con medidas transversales que van desde garantizar el acceso a la educación superior hasta el aumento de ayudas compensatorias, acciones en las que el Gobierno de Canarias ha puesto mucho empeño, pero que no puede acometer en solitario si el Estado al que pertenece no le permite gastar el superávit en servicios sociales, lo infrafinancia y, por último, urde una trampa para que los fondos para combatir la exclusión social no lleguen o, en su defecto, lo hagan tarde y con condiciones de ejecución inviables para muchos ayuntamientos.

Estas últimas semanas hemos vivido el último capítulo de una serie de agravios que serían simples desavenencias entre políticos si no afectaran a miles de canarios. Los distintos equipos que han pasado por el Gobierno canario desde que llegó la democracia a España tienen algo en común: han tenido que batallar cada euro que llega a estas islas. En los últimos años, a la lucha por una financiación justa se ha unido, también, la lucha por una financiación jurídicamente viable. Necesitamos un sistema de financiación equitativo, que garantice la igualdad de oportunidades entre regiones y que no perpetúe autonomías de primera y de segunda, pero eso solo será posible si Madrid tiene interés real en que este Archipiélago progrese.

En 2017 el Estado concedió a Canarias 11 millones para combatir la pobreza que no se transfirieron hasta finales de año. Las exigencias para ejecutar ese gasto -el tiempo, la imposibilidad de contratar personal, la necesidad de emprender programas nuevos- hicieron que muchos ayuntamientos se negaran inicialmente a aceptar las ayudas. El Gobierno de Canarias, y en concreto esta Consejería, era un mero intermediario para el reparto de los fondos, pero también hizo de interlocutor -primero con el PP y luego con el PSOE- para negociar unas condiciones de gasto más favorables. A pesar de los requisitos impuestos, los municipios ejecutaron en tiempo récord casi 9 de cada 10 euros que recibieron. El resto tenía que volver a las arcas estatales, pero Madrid ha decidido, además, cobrar intereses, y eso a sabiendas de las dificultades que tienen las administraciones públicas para incorporar personal cuando sigue vigente la ley de racionalización del gasto y ya está funcionando la nueva ley de contratos del sector público.

Mientras tanto, de los 30 millones que Canarias tenía que recibir en 2018 no hemos visto ni un euro y todo indica que acabará el año y seguiremos igual. Después de incontables retrasos, ha llegado la última excusa: no pueden simplemente descontarnos el dinero no gastado del año pasado, sino que condicionan el ingreso de las cantidades correspondientes a 2018 a que se devuelva previamente y con intereses. ¿Hay alguien, independientemente del partido en el que milite, al que esto le parezca justo? ¿Cómo se puede defender semejante trato de desprecio hacia los más de dos millones de ciudadanos que viven en estas islas? ¿Eso nos acerca o nos aleja de Europa?

La mejor política social que existe es el empleo de calidad, por eso hemos puesto tanto empeño en incrementar la labor inspectora en los últimos años o en reducir la siniestralidad laboral al tiempo que incentivábamos la contratación, pero hay personas que no serán capaces de salir de la espiral de exclusión en la que están inmersas si no les tendemos la mano, de ahí la reforma de la Prestación Canaria de Inserción. Pero para fomentar la creación de puestos de trabajo también ayudaría, entre otras medidas, que el Gobierno de Pedro Sánchez firmara los convenios que le prometió a esta tierra, con las cantidades pactadas, y que dejara de tratar a Canarias como una región de segunda, posponiendo la firma de los acuerdos e intentando rebajar las cantidades. No somos una colonia, y parece mentira que tantos años después tengamos que seguir reivindicando nuestra independencia y nuestros derechos, justo cuando acabamos de dotarnos de un Estatuto de Autonomía y de un Régimen Económico y Fiscal de primer nivel.

El papel lo aguanta todo, pero los ciudadanos de estas islas no. El PP y el PSOE de Canarias han vuelto a demostrar, una vez más, que están subyugados a los intereses nacionales de sus partidos, esos que no suelen tener a Canarias entre sus prioridades estratégicas a no ser que el nacionalismo tenga peso en el Congreso. Los desaires son tan evidentes y continuados que Coalición Canaria no tiene que esforzarse en dejar en evidencia este menosprecio. La consideración que nos tienen en Madrid nos está quedando muy clara a quienes vivimos en estas islas, y eso solo me hace pensar en lo imprescindible que sigue siendo que quienes creen en Canarias defiendan sus intereses en Madrid. Más en estos tiempos de descrédito de la política, donde la desinformación campa a sus anchas, porque desgraciadamente el futuro sí puede ser peor.

*Consejera de Empleo,

Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias