El encuentro que mantuvieron este jueves en Las Palmas el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, abre la puerta a que ambas administraciones -la central y la canaria- retomen el camino del diálogo y el entendimiento, después de varias semanas de desencuentros, derivados fundamentalmente del incumplimiento de los compromisos asumidos por el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, quien, por otra parte, ha demostrado tener muy poco tacto con el Archipiélago. Hubiera bastado un solo gesto en alguna de sus visitas privadas a las Islas para reconducir la situación y acercar posiciones. Dejando clara nuestra apuesta por el diálogo y por rebajar la tensión que mantienen ambos ejecutivos, también queremos advertir de que tampoco se puede ser ingenuos, pues el paso de los meses y la hemeroteca ha demostrado que la palabra de Sánchez no se cotiza precisamente al alza. Menos aún teniendo en cuenta que su futuro no pasa ahora mismo por Canarias, sino por Cataluña. De ahí que el Gobierno de Clavijo deba negociar con firmeza que los presupuestos generales del Estado para este año incluyan todas las partidas que las Islas se merecen, no por la benevolencia de la ministra de Hacienda, sino en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y del nuevo Régimen Económico y Fiscal. Es muy importante que en el primer PGE después de reformadas ambas normas quede meridianamente claro el estatus canario. Más allá de que después se pueda utilizar la vía judicial. Y la labor de conseguirlo no es solo del Ejecutivo, sino de toda la sociedad canaria, que debe mentalizarse de la relevancia que tiene este cometido. Diálogo, sí, pero con firmeza, pues lo que hay en juego es algo que tiene mucho más calado que las cifras.

Otro desencuentro que urge resolver es el que mantienen las distintas administraciones implicadas en dar una solución a la urbanización de Las Chumberas. El Estado, el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna deben poner todo de su parte y no escatimar esfuerzos para que el inicio de las obras de demolición y edificación en la citada urbanización no se demore ni un minuto más. Antes de buscar culpables por el retraso que ha sufrido esta actuación -lo cual deberá hacerse a posteriori- urge poner fin al sufrimiento de las 560 familias afectadas, que no quieren saber nada de siglas ni de quién se cuelga la medalla. Lo único que piden es poder regresar a sus viviendas cuanto antes.

Continúa también la demora en las obras anunciadas por la Consejería regional de Obras Públicas en la autopista TF-1. Haría bien el titular de este departamento en no hablar más de inversiones y plazos, para dedicar todas sus energías a que los trabajos que se deben llevar a cabo en todas las islas, pero en particular en Tenerife, no encuentren impedimentos, pues lo ocurrido en 2018 en este capítulo es más que decepcionante. Sobre todo para los pobres conductores que a diario tienen que soportar largas colas.