Este año que comienza, se volverá a hablar, y mucho, del "maldito" "procés". Por mucho que hayamos pedido a sus Majestades de Oriente paz y bienestar y que, a ser posible, podamos seguir los españoles nuestro camino, sin tener que estar pendientes, todo el puñetero año, de los intereses partidistas, sectarios, económicos y egocéntricos del conglomerado nacionalista -en este caso catalán, pero da igual el apellido que pongamos-, mucho nos tememos que seguiremos al rebufo de lo que se les ocurra a los señores del desafío independentista.
En España, por desgracia, no existe más tema, ni más preocupación, ni más intereses, ni más problemas? que el de los nacionalistas catalanes; y lo peor es que, por lo visto, el resto de los españoles, con el Gobierno prestado y okupa que tenemos a la cabeza, lo permiten y lo consienten. Se está llegando incluso al absurdo inmoral de ver con naturalidad el blanqueo de los partidos proetarras -con fotos de cenas de Navidad incluidas o de celdas de cristal instaladas en las plazas públicas-, o de nacionalistas golpistas y racistas, por el mero hecho de que apoyan al Gobierno socialista, en contraposición de otros partidos a los que, por defender la unidad de España, se les hace el boicot político y mediático, tachándolos de fascistas. Es el mundo al revés.
Pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver; y aunque los hechos son tozudos, siempre se puede manipular, tergiversar, cambiar, anular, incluso perdonar el agravio cometido, con tal de seguir unos meses más en el poder. Favor por favor, golpe a golpe, amnistía y olvido. Ese parece ser el lema de esta izquierda plural y variopinta que odia a España y a todo cuanto representa, incluida su historia y su legado. Y, por ello, se consiente que los delincuentes, sobre todo si son políticos, se permitan el lujo de orquestar, para su posterior defensa, un ataque contra las instituciones y sus representantes, contra la justicia y sus jueces, e incluso contra las leyes y la propia Constitución.
Ahora juegan con ventaja: después del golpe, ahora viene el arrepentimiento, la excusa, el retractarse de sus propias convicciones y acciones políticas, las revocaciones legislativas? porque saben que les espera el banquillo. Pero tienen al mejor de los abogados defensores en su propia víctima: el Estado. Ese mismo Estado -representado por desgracia por el actual Gobierno socialista y sus variopintos apéndices políticos y mediáticos-, al que se supone ha querido derrocar, es quien está poniendo todas las trabas para que el tribunal juzgador se limite a darles tan solo unos cachetes y les ponga la menor pena posible. Total, ¿qué es un golpe de Estado?; además, ellos son pacíficos, siempre se han considerado víctimas del sistema; de hecho, en su historia, tan solo acumulan derrotas; por eso siempre las celebran; qué más da que acumulen una más y la sigan celebrando en su postrero mañana.
De ahí viene el que la Abogacía del Estado haya tenido que hacer toda clase de piruetas legales para decir que tan solo estima la sedición, que no la rebelión, obviando, intencionadamente, el contemplar y apreciar lo que la propia acusación particular, e incluso la Fiscalía, han visto y expuesto con todo lujo de detalles en tres informes; donde se recogen, al menos, 634 actos violentos detectados en Cataluña con motivo del desafío independentista del 1 de octubre de 2018; y donde se concluye que la fase final del proceso soberanista constituyó «un levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia», por lo que dichos actos se encuentran tipificados dentro de los delitos de rebelión.
Si lo razonamos jurídicamente, partiendo siempre de la presunción de inocencia y aceptando la voluntad y el espíritu de los legisladores cuando introdujeron en el código los distintos preceptos penales, observamos que los delitos contra la Constitución se detallan en el Título XXI; y, dentro de dicho título, se recoge el delito de rebelión; y en el siguiente título, en el XXII, se especifican los delitos contra el orden público y, por consiguiente, se sitúa el delito de sedición. Para que exista el delito de rebelión debe haber violencia; pero, hoy por hoy, ¿qué es la violencia? ¿Carros de combate en la calle disparando? ¿Tal vez tiros por todos lados y la muchedumbre herida y asustada huyendo? La realidad es que en el código penal no se menciona lo que es la violencia y mucho menos hace referencia a las armas; pero el hecho de que, por exponer una de las incidencias acaecidas, una multitud enloquecida y soliviantada por dos cabecillas separatistas que, altavoz en mano, y encima de dos coches de la Guardia Civil, previamente asaltados y saqueados, inciten al acoso y al asedio de una consejería, y se deje a un secretario judicial y a la guardia civil que lo escolta, sin poder salir durante horas, pues, algo de violencia debe de haber.
Dicho esto, la violencia, en pleno siglo XXI, sabemos que no solo se da de forma física -véase la amplia y diversa tipología de género cuando se habla de la violencia contra la mujer-; pues se supone que la Constitución, que no es menos importante, se la puede agredir de varias formas y maneras, y no solo físicamente o con armas; por consiguiente, y siguiendo este planteamiento, no sería descabellado acusar a los detenidos por el «procés» de los delitos de rebelión; además del de sedición y de otros delitos anexos que también hubieran podido cometer. No es solo cuestión de reprobación, que también, sino de pura justicia.
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